Un intenso debate se desató en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional el 17 de octubre de 2025, en medio de la discusión sobre un informe que investiga las actuaciones irregulares de jueces y fiscales que habrían favorecido a grupos criminales. Este encuentro, realizado de manera virtual, puso de manifiesto las tensiones entre los asambleístas de Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana (RC), revelando la polarización política que caracteriza el actual panorama legislativo.
La reunión se centró en la aprobación de un informe que había sido elaborado hace 65 días, lo que generó críticas por su falta de actualidad. Fricson George, un legislador de la RC, cuestionó al presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez, sobre la inactividad de la mesa legislativa, que no se había reunido en cinco semanas. George exigió que se consideraran sus observaciones al informe, argumentando que su contenido estaba descontextualizado y que la falta de reuniones limitaba el análisis de la situación.
Álvarez, por su parte, defendió el informe y descalificó las aportaciones de George, sugiriendo que su equipo técnico había fallado en su preparación. En un tono que muchos consideraron despectivo, Álvarez afirmó: «Le voy a explicar con peras y manzanas por qué la comisión no se ha reunido». Esta frase provocó la indignación de George, quien, aunque no es abogado, recordó su formación académica y su experiencia en el ámbito de la comunicación.
El debate se tornó más acalorado cuando George utilizó una metáfora futbolística para ilustrar su punto, sugiriendo que un equipo solo puede ganar si todos sus miembros trabajan en conjunto. Esta analogía subrayó la frustración de la RC por la falta de colaboración y diálogo en la Comisión de Fiscalización.
A pesar de las tensiones, el informe fue finalmente aprobado con el respaldo de los seis legisladores de ADN y sus aliados, mientras que los cuatro asambleístas de la RC votaron en contra. Este resultado evidenció la división en la Asamblea y la dificultad para alcanzar consensos en temas críticos como la justicia y la corrupción.
### Recomendaciones del Informe de Fiscalización
El proceso de fiscalización se inició en junio de 2025, motivado por la preocupación por las decisiones de jueces y fiscales que permitieron la liberación de delincuentes, muchos de los cuales habían sido detenidos en flagrancia. Durante las audiencias, se escucharon testimonios de diversas autoridades, incluyendo representantes del Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. A partir de estas intervenciones, la Comisión formuló siete recomendaciones clave para mejorar el sistema de justicia y combatir la corrupción.
Una de las principales sugerencias es la creación de una plataforma única de inteligencia de seguridad que permita la recopilación en tiempo real de datos relevantes para la justicia. Esta herramienta debería ser interoperable entre las diferentes entidades involucradas en la seguridad y la justicia, facilitando así una respuesta más efectiva ante la criminalidad.
Además, se propusieron reformas a varios cuerpos legales, incluyendo el Código Orgánico Integral Penal (COIP), con el objetivo de endurecer las penas para funcionarios involucrados en actos de corrupción. También se planteó la necesidad de transferir la custodia de los arrestos domiciliarios a entidades especializadas, como el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI).
La digitalización y trazabilidad de expedientes también fueron destacadas como esenciales para mejorar la transparencia y la eficiencia del sistema judicial. Se sugirió implementar un sistema de firma electrónica y cadena de custodia digital para los documentos judiciales, así como un mecanismo de validación de partes policiales con alertas en tiempo real.
Por otro lado, se propuso la creación de un cuerpo interno anticorrupción en la Fiscalía, con la facultad de sancionar provisionalmente a los funcionarios involucrados en irregularidades. Esta medida busca fortalecer los mecanismos de control interno y reducir los tiempos de ejecución de auditorías especiales a un máximo de seis meses, priorizando aquellos casos vinculados a la seguridad y la justicia.
Finalmente, se enfatizó la importancia de fomentar la transparencia y la participación ciudadana mediante la creación de una plataforma pública única para el seguimiento de casos complejos y sumarios disciplinarios. Este sistema debería incluir un mecanismo de denuncia anónima, garantizando la protección legal para quienes reporten interferencias o cohechos.
Las recomendaciones del informe reflejan un esfuerzo por abordar las deficiencias del sistema judicial y mejorar la gobernanza interna e interinstitucional. Sin embargo, la polarización política y la falta de diálogo entre los diferentes sectores de la Asamblea podrían obstaculizar la implementación efectiva de estas propuestas, dejando en el aire la pregunta de cómo se avanzará en la lucha contra la corrupción y la mejora de la justicia en el país.
