En Ecuador, la tensión entre las comunidades indígenas y el gobierno se intensifica en torno al proyecto minero Loma Larga, ubicado en la provincia de Azuay. La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) ha manifestado su firme oposición a la construcción de esta mina de oro, argumentando que el proyecto amenaza el acceso al agua y los derechos de las comunidades locales. En una rueda de prensa celebrada el 21 de agosto de 2025, Yaku Pérez, un destacado líder ambientalista y miembro de la FOA, anunció que la organización presentará un reclamo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la falta de consulta previa, libre e informada en el proceso de aprobación del proyecto.
La FOA califica la consulta realizada como «fraudulenta», alegando que no se respetaron los derechos de las comunidades afectadas. Este tipo de consultas son fundamentales en el marco de los derechos indígenas, ya que buscan garantizar que las comunidades sean informadas y puedan participar en decisiones que impacten su entorno y su forma de vida. La falta de transparencia y la percepción de que el proceso fue manipulado han llevado a la FOA a tomar medidas más drásticas, incluyendo la planificación de una marcha en Cuenca el 16 de septiembre para defender el agua.
### La Resistencia Indígena y el Derecho al Agua
La defensa del agua se ha convertido en un tema central en la lucha de la FOA. Lauro Sigcha, presidente de la organización, ha declarado que si el gobierno no responde a sus demandas, comenzarán un «levantamiento indefinido» el 23 de septiembre, cerrando vías y espacios públicos para hacer escuchar su voz. Esta estrategia de resistencia busca presionar al gobierno para que revoque la licencia ambiental otorgada a la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM), que recibió la autorización en junio de 2025 para iniciar la explotación de Loma Larga.
El acceso al agua es un derecho humano fundamental y su protección es vital para la supervivencia de las comunidades indígenas. La FOA argumenta que la minería a gran escala no solo pone en riesgo las fuentes de agua, sino que también afecta la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la región. La explotación minera puede generar contaminación y desvío de ríos, lo que impacta directamente en la agricultura y la salud de las comunidades locales.
Las comunidades indígenas han sido históricamente marginadas en la toma de decisiones sobre el uso de sus tierras y recursos. La lucha por el agua y la defensa del medio ambiente son parte de un movimiento más amplio que busca reivindicar los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador y en toda América Latina. La FOA ha hecho un llamado a la solidaridad de otras organizaciones y comunidades para unirse a su causa, enfatizando que la defensa del agua es una lucha colectiva.
### Implicaciones del Proyecto Loma Larga
El proyecto Loma Larga ha sido objeto de controversia desde su concepción. Se estima que la mina podría generar importantes ingresos para el país, pero a costa de los recursos hídricos y la salud de las comunidades cercanas. La empresa DPM ha defendido su proyecto, argumentando que se han tomado medidas para mitigar el impacto ambiental y que se han realizado consultas con las comunidades. Sin embargo, la FOA y otros grupos comunitarios sostienen que estas consultas no han sido efectivas ni representativas.
La situación en Azuay refleja un conflicto más amplio en Ecuador, donde la explotación de recursos naturales a menudo choca con los derechos de las comunidades indígenas. La presión por el desarrollo económico y la inversión extranjera se enfrenta a la necesidad de proteger el medio ambiente y los derechos humanos. Este dilema plantea preguntas difíciles sobre cómo equilibrar el desarrollo económico con la justicia social y ambiental.
El futuro del proyecto Loma Larga y la respuesta del gobierno a las demandas de la FOA serán cruciales no solo para las comunidades indígenas de Azuay, sino también para el modelo de desarrollo que Ecuador elija seguir. La forma en que se maneje este conflicto podría sentar un precedente para otros proyectos mineros en el país y en la región, donde la lucha por el agua y los derechos indígenas continúa siendo un tema candente.
La FOA ha dejado claro que no se rendirán en su lucha por el agua y los derechos de su pueblo. Con la fecha del levantamiento indefinido acercándose, la presión sobre el gobierno para que escuche y respete las voces de las comunidades indígenas se intensifica. La situación en Azuay es un recordatorio de que la defensa del medio ambiente y los derechos humanos son inseparables, y que la lucha por el agua es una lucha por la vida misma.
