La situación en Ecuador en torno al proyecto minero Loma Larga ha generado un intenso debate y movilización social. La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) ha manifestado su oposición a la construcción de esta mina de oro, argumentando que el proceso de consulta previa realizado por el Estado fue fraudulento y no cumplió con los estándares internacionales. Este conflicto pone de relieve la tensión entre el desarrollo económico y la protección de los recursos naturales, especialmente el agua, un bien vital para las comunidades locales.
### La Consulta Previa y sus Controversias
El proyecto Loma Larga, que se encuentra en la provincia de Azuay, ha sido objeto de críticas por parte de la FOA, que sostiene que la consulta previa realizada entre 2024 y 2025 no fue genuina. Yaku Pérez, líder ambientalista y miembro de la FOA, ha cuestionado la legitimidad de este proceso, señalando que se llevó a cabo en un lugar militarizado, lo que, según él, no garantiza un ambiente de libertad y seguridad para los participantes. La FOA ha presentado un reclamo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), argumentando que el Estado ecuatoriano no cumplió con su obligación de realizar una consulta libre e informada.
La Cámara de Minería del Ecuador, por su parte, defiende que la consulta fue realizada con la asesoría de la OIT, pero la FOA desconfía de esta afirmación y exige la revocación de la licencia ambiental otorgada a la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM). Esta licencia, que permite la explotación de la mina, fue concedida el 23 de junio de 2025, y la FOA argumenta que se incumplió una sentencia de la Corte Provincial de Justicia del Azuay que ordenaba realizar una consulta adecuada en la comunidad de Escaleras.
### Movilización Social y Demandas de las Comunidades
La FOA ha intensificado sus acciones de protesta, anunciando una marcha programada para el 16 de septiembre en Cuenca, donde se espera que miles de personas se unan para defender el agua y exigir la revocación de la licencia ambiental del proyecto Loma Larga. Lauro Sigcha, presidente de la FOA, ha declarado que si el Gobierno no responde a sus demandas, comenzarán un levantamiento indefinido el 23 de septiembre, cerrando vías y espacios públicos como forma de presión.
El proyecto Loma Larga, que se estima que contiene alrededor de 926,000 onzas de oro, así como plata y cobre, representa una inversión de USD 419 millones por parte de DPM. Sin embargo, las comunidades locales están preocupadas por el impacto ambiental que la minería podría tener en sus fuentes de agua, especialmente en la zona de Quimsacocha, que es crucial para el abastecimiento hídrico de Cuenca.
La FOA ha llevado su lucha más allá de las fronteras nacionales, presentando una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se reconozcan sus derechos y se respete el proceso de consulta. Esta acción refleja la creciente preocupación por la defensa de los derechos humanos y ambientales en el contexto de la explotación de recursos naturales en Ecuador.
El conflicto en torno al proyecto Loma Larga es un claro ejemplo de la lucha entre el desarrollo económico y la protección de los derechos de las comunidades indígenas. A medida que la presión social aumenta, el Gobierno ecuatoriano se enfrenta a un dilema: priorizar la inversión extranjera y el crecimiento económico o escuchar las demandas de las comunidades que habitan en las áreas afectadas por la minería.
La situación en Azuay es un microcosmos de los desafíos más amplios que enfrenta Ecuador en su camino hacia un desarrollo sostenible. La necesidad de encontrar un equilibrio entre la explotación de recursos y la protección del medio ambiente es más urgente que nunca. Las decisiones que se tomen en este contexto no solo afectarán a las comunidades locales, sino que también sentarán un precedente para futuros proyectos mineros en el país. La atención internacional sobre este caso podría influir en la forma en que se manejan los conflictos entre las comunidades indígenas y las empresas mineras en Ecuador y en toda América Latina.