En un evento que ha captado la atención de la opinión pública, el 21 de agosto de 2025, se llevó a cabo una audiencia pública en Toacaso, Cotopaxi, donde líderes indígenas declararon culpables a tres policías de haber invadido su territorio. Este caso involucra a Leonidas Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), quien había denunciado un presunto intento de secuestro por parte de los uniformados. La situación ha generado un debate sobre la justicia indígena y la relación entre las fuerzas del orden y las comunidades nativas.
La audiencia se realizó en un ambiente tenso, con la presencia de decenas de líderes comunitarios, pobladores y medios de comunicación. Los tres policías, identificados como el suboficial Carlos Uvidia, el cabo primero Bryan Díaz y el policía Kevin Guamán, fueron retenidos el 18 de agosto en la comunidad de San Ignacio, donde reside Iza. La retención se produjo tras la alerta del dirigente indígena sobre haber sido perseguido durante varios días por los agentes de inteligencia.
Los uniformados, durante la audiencia, defendieron su actuación, argumentando que estaban realizando tareas de investigación y que su presencia en la comunidad no tenía intenciones maliciosas. Sin embargo, la comunidad indígena no aceptó esta versión y exigió justicia. La Fiscalía y la Policía, por su parte, negaron las acusaciones de un intento de asesinato, afirmando que los policías cumplían con su deber.
La resolución del juez indígena fue contundente. Se declaró a los policías culpables de invadir el territorio indígena y se les exigió que reconocieran que no habían sido secuestrados por Iza y que no contaban con documentos judiciales para ingresar al área. Como parte de la resolución, los policías debían ofrecer disculpas públicas a Iza, lo cual hicieron, y el dirigente aceptó sus disculpas. Posteriormente, los tres policías fueron liberados, aunque el juez indicó que las investigaciones sobre el caso continuarían.
Este incidente ha puesto de relieve la compleja relación entre el Estado ecuatoriano y las comunidades indígenas. La justicia indígena, que opera bajo sus propias normas y procedimientos, ha sido un tema de controversia en el país. La capacidad de estas comunidades para juzgar y resolver conflictos dentro de su territorio es un derecho reconocido, pero a menudo se enfrenta a la resistencia de las autoridades estatales.
El caso de Leonidas Iza y los policías es un ejemplo claro de cómo las tensiones entre las fuerzas del orden y las comunidades indígenas pueden escalar rápidamente. Iza ha denunciado lo que considera una persecución política en su contra, lo que añade una capa de complejidad a la situación. La percepción de que las autoridades están utilizando el poder para intimidar a los líderes indígenas es un tema recurrente en el discurso político del país.
La justicia indígena, aunque reconocida, a menudo se encuentra en un terreno incierto. Las comunidades indígenas han luchado durante años por el reconocimiento de sus derechos y su autonomía. Sin embargo, la intervención de las fuerzas del orden en sus territorios sigue siendo un punto de fricción. Este caso en particular resalta la necesidad de un diálogo más profundo entre el Estado y las comunidades indígenas para abordar las preocupaciones y las injusticias que enfrentan.
A medida que el caso avanza, será fundamental observar cómo se desarrollan las investigaciones y si se tomarán medidas adicionales para garantizar que se respeten los derechos de las comunidades indígenas. La situación en Cotopaxi es un recordatorio de que la lucha por la justicia y el reconocimiento de los derechos indígenas en Ecuador continúa siendo un desafío significativo.
La audiencia del 21 de agosto no solo fue un evento judicial, sino también un símbolo de la resistencia indígena y la búsqueda de justicia en un contexto donde las relaciones entre el Estado y las comunidades son a menudo conflictivas. La forma en que se resuelva este caso podría sentar un precedente para futuros conflictos entre las fuerzas del orden y las comunidades indígenas en el país. La atención mediática y la participación de la comunidad en este proceso son indicativos de la importancia de la justicia indígena en el Ecuador contemporáneo.
