El proyecto minero Loma Larga, ubicado en la provincia de Azuay, Ecuador, ha generado un intenso debate en torno a la consulta previa que se llevó a cabo para su aprobación. Este proceso, que debería garantizar la participación de las comunidades afectadas, ha sido objeto de controversia, con acusaciones de que no se realizó de manera adecuada. A medida que se acerca la fecha de inicio de la construcción de la mina, las tensiones entre las autoridades, la empresa minera y las comunidades locales continúan en aumento.
### Contexto del Proyecto Loma Larga
Loma Larga es un proyecto minero que busca extraer oro, cobre y plata a gran escala. La inversión prevista para su desarrollo es de aproximadamente 419 millones de dólares. La empresa Dundee Precious Metals (DPM) es la responsable de la ejecución del proyecto, que se espera inicie su construcción a finales de 2025, tras la obtención de la licencia correspondiente. Sin embargo, el camino hacia la aprobación de este proyecto no ha sido sencillo.
El conflicto se intensificó cuando el Ministerio de Energía y Minas anunció que la consulta previa, un mecanismo que busca garantizar el derecho de las comunidades a participar en decisiones que afectan sus territorios, había sido realizada. Sin embargo, muchos habitantes de Azuay, especialmente de la comunidad Escaleras, han denunciado que este proceso no se llevó a cabo de manera efectiva, lo que ha llevado a una polarización en la opinión pública.
### La Consulta Previa: Un Proceso Controversial
La consulta previa es un derecho colectivo de los pueblos indígenas que debe realizarse antes de aprobar proyectos que puedan afectar sus territorios. En el caso de Loma Larga, la Corte Provincial de Justicia del Azuay ordenó la realización de esta consulta en la comunidad Escaleras como medida de reparación por la vulneración de derechos. Sin embargo, el proceso ha sido criticado por la falta de un marco legal claro que regule cómo debe llevarse a cabo.
El Ministerio de Energía y Minas, a pesar de la ausencia de una ley específica, emitió un manual para guiar el proceso de consulta previa. Este manual establece que la consulta no incluye un mecanismo de votación directa, lo que ha generado descontento entre los opositores al proyecto. La falta de un mecanismo vinculante para la consulta ha sido uno de los puntos más polémicos, ya que muchos consideran que esto socava el propósito de la consulta previa.
Durante el proceso, se llevaron a cabo talleres, encuestas y reuniones con líderes comunitarios, pero las comunidades han argumentado que no se les brindó la información necesaria para tomar decisiones informadas. Además, se reportaron incidentes violentos durante la mesa de diálogo programada para el 11 de enero de 2025, lo que llevó a la interrupción del proceso y a un clima de tensión en la región.
Los opositores al proyecto, incluidos miembros de la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay, han expresado su descontento, afirmando que las consultas previas realizadas no cumplen con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional. Argumentan que la comunidad Escaleras no fue consultada adecuadamente y que las actividades realizadas por el Ministerio de Energía no constituyen una consulta previa válida.
### La Respuesta de las Comunidades y el Futuro del Proyecto
Las comunidades que se oponen al proyecto Loma Larga han manifestado su intención de seguir luchando contra la aprobación del mismo. A pesar de los intentos del Ministerio de Energía por legitimar el proceso de consulta, muchos habitantes de Escaleras han declarado que no fueron consultados y que desconocen la realización de la consulta previa. Esta situación ha llevado a un clima de desconfianza entre las autoridades y las comunidades locales.
El futuro del proyecto Loma Larga ahora depende de la revisión judicial de las acciones de reparación que se han llevado a cabo. Las comunidades han anunciado que continuarán con sus acciones legales y han solicitado al juez que no acepte el proceso de consulta previa presentado por el Ministerio de Energía. Por su parte, la empresa minera se muestra optimista y espera que, tras la revisión judicial, pueda continuar con sus planes de construcción.
La situación en Loma Larga es un reflejo de las tensiones que existen en Ecuador en torno a la minería y los derechos de las comunidades indígenas. A medida que el país busca atraer inversiones en el sector minero, la necesidad de un marco legal claro y efectivo para la consulta previa se vuelve más urgente. Las comunidades afectadas deben tener la oportunidad de participar en decisiones que impactan sus vidas y territorios, y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que se respeten sus derechos.
