En un giro inesperado de los acontecimientos en Guayaquil, el alcalde Aquiles Alvarez ha llevado a los tribunales un conflicto que involucra a Danny Torres, presidente de la Comuna San Pedro de Chongón. La controversia se centra en una denuncia de extorsión presentada por Pablo Pita, gerente de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, quien alega que Torres solicitó recursos a cambio de firmar un acta de cesión de derechos sobre un terreno destinado a la construcción de un parque comunitario. Este caso ha captado la atención de la opinión pública y ha generado un debate sobre la ética en la gestión pública y las relaciones entre autoridades locales y comunas.
El enfrentamiento se intensificó durante una visita del alcalde Alvarez a Chongón el 4 de julio de 2025, donde se realizó un recorrido por obras en la zona. Durante esta visita, Alvarez desafió a Torres a un enfrentamiento físico, lo que desató una serie de acusaciones y contraacusaciones entre ambos. La denuncia formal presentada por Pita ante la Fiscalía incluye extractos de una reunión pública que tuvo lugar el 20 de mayo de 2025, en la que se discutieron los planes para la construcción de nuevos parques en la comuna.
### Detalles de la Denuncia
La denuncia de Pita, que abarca ocho páginas, detalla cómo durante la reunión, Torres habría mencionado la necesidad de recibir un porcentaje del valor comercial del terreno como apoyo para cubrir los gastos administrativos de la comuna. En sus declaraciones, Torres sugirió que un 25% del valor real del terreno sería un monto razonable, lo que ha sido interpretado por Pita como un intento de extorsión. La situación se complica aún más por el hecho de que el municipio había solicitado en varias ocasiones a Torres que otorgara el derecho de uso y usufructo de las tierras necesarias para la construcción de infraestructuras.
La denuncia también menciona que se llevaron a cabo múltiples reuniones entre funcionarios de la Autoridad Aeroportuaria y representantes de la comuna, donde se expuso el proyecto técnico para la construcción de los parques. Sin embargo, según Pita, en estas reuniones, Torres habría solicitado recursos a cambio de la firma del acta de cesión, lo que ha llevado a la acusación de extorsión.
Por su parte, Torres ha negado las acusaciones de extorsión, defendiendo su posición y asegurando que su reputación está siendo atacada injustamente. En declaraciones públicas, el dirigente comunal ha expresado su descontento con la forma en que Alvarez ha manejado la situación, afirmando que el alcalde busca desacreditarlo ante la comunidad. La Federación de Comunas del Guayas también ha salido en defensa de Torres, rechazando las acusaciones y declarando a Alvarez y a la vicealcaldesa Tatiana Coronel como personas no gratas.
### Implicaciones Legales y Sociales
El delito de extorsión en Ecuador conlleva penas severas, que van de tres a cinco años de prisión, además de multas que oscilan entre 20 y 24 salarios básicos unificados. Este marco legal pone de relieve la gravedad de las acusaciones y las posibles repercusiones para Torres si se demuestra su culpabilidad. Sin embargo, la situación también plantea interrogantes sobre la transparencia y la ética en la gestión pública, especialmente en un contexto donde las comunidades locales dependen de la colaboración con las autoridades para el desarrollo de proyectos que beneficien a sus habitantes.
El conflicto ha generado un amplio debate en las redes sociales y en la comunidad, donde muchos ciudadanos expresan su preocupación por la integridad de los líderes locales y la necesidad de mantener relaciones constructivas entre las autoridades y las comunas. La situación actual pone de manifiesto la importancia de la rendición de cuentas y la necesidad de establecer mecanismos claros para la gestión de recursos y la toma de decisiones en proyectos comunitarios.
A medida que avanza el proceso judicial, la atención se centra en cómo se desarrollará este caso y qué implicaciones tendrá para la política local en Guayaquil. La comunidad espera que se esclarezcan los hechos y que se tomen las medidas adecuadas para garantizar la justicia y la transparencia en la gestión pública. La denuncia de extorsión no solo afecta a los involucrados directamente, sino que también tiene un impacto en la confianza de los ciudadanos hacia sus representantes y en la percepción de la gobernanza en la región.
