La situación política en Colombia y Ecuador ha tomado un giro significativo en los últimos meses, con ambos países considerando la posibilidad de convocar Asambleas Constituyentes. Esta tendencia se ha intensificado debido a los bloqueos institucionales y la falta de consenso en el Congreso, lo que ha llevado a los líderes de ambos países a buscar alternativas para reformar sus respectivas constituciones.
En Colombia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha declarado que se está abriendo «camino a una Constituyente» ante lo que él describe como un «bloqueo institucional» en el Congreso. Esta afirmación se produce en un contexto donde el gobierno de Gustavo Petro enfrenta resistencia a su reforma de salud, que ha sido objeto de debate durante meses sin avances significativos. Benedetti ha señalado que el Partido Conservador ha decidido no apoyar la reforma y, en cambio, ha optado por votar a favor de una propuesta que busca archivar la iniciativa en la Comisión del Senado. Esta situación ha llevado a Benedetti a concluir que el Congreso no está en condiciones de llevar a cabo las reformas necesarias en áreas críticas como la salud y la justicia.
Por otro lado, el presidente Gustavo Petro ya había mencionado en junio la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente durante las elecciones legislativas de marzo de 2026. Petro argumenta que la Constitución actual, promulgada en 1991, establece un «Estado social de derecho», pero que ciertos sectores políticos y magistrados continúan aferrándose a un concepto más antiguo de «Estado de derecho» que data de la Constitución de 1886. Esta propuesta ha generado reacciones mixtas en el ámbito político, con algunos actores expresando su rechazo y recordando que solo el Congreso tiene la facultad de proponer una convocatoria constituyente.
En Ecuador, la situación es paralela. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha convocado a una consulta popular para que los ciudadanos decidan sobre la creación de una Asamblea Constituyente. Esta consulta está programada para el 16 de noviembre, y es impulsada por el presidente Daniel Noboa, quien busca cambiar la Carta Magna redactada durante el gobierno de Rafael Correa. Noboa ha argumentado que es necesario actualizar la constitución para reflejar mejor las necesidades y demandas actuales de la población ecuatoriana.
Ambos países enfrentan desafíos significativos en sus procesos políticos. En Colombia, la reforma a la salud ha sido un tema candente, y su falta de aprobación ha llevado a un estancamiento en el Congreso. La situación se complica aún más con la creciente polarización política y la falta de diálogo entre los diferentes partidos. La propuesta de una Constituyente podría ser vista como una forma de romper este ciclo de inacción, aunque también plantea riesgos, ya que podría intensificar las divisiones existentes.
En Ecuador, la consulta popular representa una oportunidad para que los ciudadanos se pronuncien sobre el futuro de su constitución. Sin embargo, también existe el riesgo de que la polarización política y las tensiones sociales puedan influir en el resultado de la consulta. La historia reciente de Ecuador ha estado marcada por crisis políticas y cambios de gobierno, lo que hace que la situación actual sea aún más delicada.
La posibilidad de convocar Asambleas Constituyentes en ambos países refleja una búsqueda de soluciones a problemas arraigados en sus sistemas políticos. Sin embargo, también plantea preguntas sobre la viabilidad de estos procesos y la capacidad de los líderes para unir a sus respectivas naciones en torno a un proyecto común. La historia ha demostrado que las reformas constitucionales pueden ser un arma de doble filo, y el éxito de estas iniciativas dependerá en gran medida de la voluntad política y la capacidad de diálogo entre los diferentes actores involucrados.
En resumen, tanto Colombia como Ecuador se encuentran en un momento crucial de sus historias políticas, donde la posibilidad de convocar Asambleas Constituyentes se presenta como una solución a los bloqueos institucionales y la falta de consenso en el Congreso. Sin embargo, el camino hacia la reforma constitucional está lleno de desafíos y riesgos, y será fundamental que los líderes de ambos países trabajen para construir puentes y fomentar el diálogo en lugar de profundizar las divisiones existentes.
