La reciente aprobación de la Ley Orgánica de Transparencia Social en Ecuador ha traído consigo cambios significativos en la regulación de las concesiones mineras. Esta nueva legislación, impulsada por el presidente Daniel Noboa, otorga al Gobierno amplias facultades para caducar concesiones mineras, lo que ha generado un amplio debate sobre sus implicaciones y efectos en el sector. A continuación, se analizan los principales cambios introducidos por esta ley y sus posibles repercusiones en la minería ecuatoriana.
### Nuevas Causales para la Caducidad de Concesiones Mineras
Uno de los aspectos más destacados de la Ley de Transparencia Social es la inclusión de nuevas causales para la caducidad de concesiones mineras. Anteriormente, la Ley de Minería ya contemplaba ciertas condiciones bajo las cuales una concesión podía ser cancelada, tales como la falta de pago de regalías e impuestos, o la no presentación de informes de exploración. Sin embargo, la nueva ley amplía estas causales, permitiendo la caducidad en casos de daño ambiental, incluso sin necesidad de una declaración judicial previa.
El abogado especializado en minería, Juan Fernando Larrea, explica que ahora el Ministerio de Ambiente y Energía puede calificar y notificar la existencia de daño ambiental en una concesión, lo que desencadena automáticamente la caducidad. Este cambio es significativo, ya que antes se requería un proceso judicial para establecer la existencia de daño ambiental. La ley establece que la caducidad será automática y de pleno derecho, lo que significa que las empresas concesionarias no podrán evitar este proceso a menos que presenten recursos administrativos o jurisdiccionales, aunque esto no detendrá el trámite de caducidad ya iniciado.
Además, la nueva legislación también permite al Gobierno caducar concesiones a aquellas empresas que no cumplan con el pago de la nueva tasa de fiscalización minera, que se introdujo en junio de 2025. Esta tasa se aplica tanto a empresas en fase de exploración como a aquellas que ya están en explotación, y su incumplimiento podría resultar en la pérdida de la concesión. Según el Gobierno, se espera que esta tasa genere alrededor de 230 millones de dólares al año, aunque hasta ahora se ha recaudado solo un 10% de esta meta.
### Compromisos de Inversión y su Impacto en la Minería
Otro cambio importante que introduce la Ley de Transparencia Social es la posibilidad de caducar concesiones si las empresas no cumplen con los compromisos de inversión que asumieron al recibir el área de concesión. Este aspecto está dirigido principalmente a las empresas de minería a mediana y gran escala, que han sido las más beneficiadas en el proceso de adjudicación de concesiones a través de subastas y remates. La ley establece que las concesiones caducarán si las empresas no cumplen con los montos mínimos de inversión establecidos en su propuesta económica.
Larrea señala que esta medida busca incentivar a las empresas a concretar sus inversiones, ya que muchas concesiones adjudicadas en el pasado han permanecido ociosas, sin avances significativos en la exploración. Según datos del Viceministerio de Minas, de las 275 áreas de concesión otorgadas para gran minería metálica entre 2016 y 2018, solo 69 están en etapa avanzada. Esto ha llevado al Gobierno a cuestionar la conveniencia de mantener concesiones que no están siendo utilizadas de manera efectiva.
Sin embargo, existen varios factores que han dificultado la concreción de estas inversiones. Uno de los principales problemas es la presencia de minería ilegal en áreas concesionadas, lo que impide a las empresas realizar sus actividades de manera efectiva. Además, la obtención de permisos y autorizaciones puede ser un proceso largo y complicado, con tiempos de espera que pueden extenderse por años. Por último, la oposición de comunidades locales y grupos ambientalistas también ha sido un obstáculo significativo para el desarrollo de proyectos mineros en ciertas regiones del país.
La Ley de Transparencia Social busca abordar estos problemas al establecer un proceso más riguroso para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de las empresas antes de permitirles avanzar a fases más avanzadas de exploración. Esto incluye una revisión integral de los compromisos de inversión y un informe técnico y económico que demuestre que se han cumplido todas las obligaciones establecidas al momento de recibir la concesión.
En resumen, la nueva legislación minera en Ecuador representa un cambio significativo en la forma en que se gestionan las concesiones mineras. Con la introducción de nuevas causales para la caducidad y un enfoque más riguroso en los compromisos de inversión, el Gobierno busca asegurar que las empresas mineras cumplan con sus responsabilidades y contribuyan al desarrollo sostenible del país. Sin embargo, la implementación de estas medidas también presenta desafíos que deberán ser abordados para garantizar un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente.
