La reciente aprobación del informe para el segundo debate de la Ley de Economías Criminales en Ecuador marca un hito importante en la lucha contra la delincuencia organizada y la economía informal. Este proyecto, que ha sido rebautizado como ‘ley de solidaridad nacional’, busca establecer medidas más estrictas para combatir las economías criminales que afectan al país. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional se reunió el 5 de junio de 2025 para analizar y aprobar este informe, que será discutido en el Pleno el próximo 7 de junio.
### Contexto y Motivaciones Detrás de la Ley
La ley surge en un contexto donde la delincuencia organizada ha crecido de manera alarmante, afectando la seguridad y la economía de los ciudadanos. El presidente Daniel Noboa, quien envió la propuesta inicial el 19 de mayo, ha enfatizado la necesidad de implementar medidas que no solo sancionen a los delincuentes, sino que también protejan a las comunidades vulnerables. La ley contempla un enfoque integral que incluye la protección y reparación de las personas en situaciones de vulnerabilidad, especialmente en zonas afectadas por el crimen.
Uno de los aspectos más destacados de la ley es la inclusión de sanciones más severas para delitos relacionados con el tráfico de combustibles y otros hidrocarburos. Se establece que las penas podrían oscilar entre 22 y 30 años de prisión, dependiendo de si los recursos obtenidos se utilizan para financiar bandas criminales. Esta medida busca desincentivar el tráfico de sustancias y asegurar que los responsables enfrenten consecuencias significativas por sus acciones.
### Proceso Legislativo y Cambios Clave
El proceso legislativo ha sido dinámico, con la Comisión de Desarrollo Económico trabajando arduamente para incorporar recomendaciones y ajustes al texto original. La presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, explicó que se tomaron en cuenta varias sugerencias de los legisladores, lo que demuestra un esfuerzo por construir un consenso en torno a la ley. La aprobación unánime del informe por parte de los miembros de la Comisión, incluidos legisladores de diferentes bancadas, refleja un compromiso compartido para abordar la problemática de las economías criminales.
Entre los cambios más significativos se encuentra la creación de un capítulo dedicado a las medidas de protección para personas en situaciones vulnerables. Esto implica que los ministerios del gabinete social deberán desarrollar programas específicos para ayudar a estas comunidades, lo que podría incluir asistencia económica y social. Además, se prevé un indulto diferido para policías y militares que actúen en el marco de sus funciones durante conflictos internos, lo que podría ofrecer un alivio a aquellos que se encuentren en situaciones complicadas.
La ley también introduce un mecanismo de depuración para las fuerzas de seguridad, con evaluaciones periódicas que buscan asegurar la integridad y la confianza en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Este enfoque no solo busca mejorar la eficacia de estas instituciones, sino también garantizar que estén alineadas con los principios de justicia y respeto a los derechos humanos.
### Implicaciones para la Sociedad y la Economía
La implementación de esta ley tiene el potencial de transformar la manera en que se aborda la delincuencia en Ecuador. Al establecer sanciones más severas y medidas de protección para las comunidades vulnerables, se espera que se reduzca la impunidad y se fomente un entorno más seguro para los ciudadanos. Además, al abordar las causas subyacentes de la delincuencia, como la pobreza y la falta de oportunidades, la ley podría contribuir a un desarrollo económico más sostenible.
Sin embargo, la efectividad de la ley dependerá de su correcta implementación y del compromiso de las autoridades para hacer cumplir las nuevas disposiciones. La sociedad civil también jugará un papel crucial en la vigilancia de la aplicación de la ley y en la promoción de una cultura de legalidad y respeto por los derechos humanos.
El debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, programado para el 7 de junio, será un momento clave para discutir los detalles finales de la ley y asegurar que se aborden todas las preocupaciones planteadas por los diferentes sectores de la sociedad. La participación activa de los ciudadanos y las organizaciones sociales será fundamental para garantizar que la ley cumpla con su objetivo de combatir las economías criminales y promover la justicia social en Ecuador.
