La Corte Constitucional de Ecuador enfrenta un periodo de inusitada lentitud en sus pronunciamientos, lo que ha generado preocupación en el ámbito político y social. Esta situación se ha vuelto más evidente tras la reciente gestión del presidente Daniel Noboa, quien ha implementado varias medidas de estado de excepción sin la debida revisión de los magistrados. La falta de pronunciamientos sobre temas críticos ha llevado a cuestionar la independencia y la eficacia de la Corte en el contexto actual.
**Demoras en la Evaluación de Estados de Excepción**
Uno de los aspectos más alarmantes es la ausencia de dictámenes sobre los estados de excepción decretados por el presidente Noboa. En particular, los Decretos Ejecutivos No. 174 y 175, que fueron firmados en respuesta a la creciente inseguridad y las movilizaciones sociales, no han sido evaluados por la Corte. El decreto 174, que se emitió el 4 de octubre, se implementó sin el visto bueno de los magistrados, lo que ha suscitado críticas sobre la militarización de las provincias y las posibles violaciones de derechos humanos. A pesar de las denuncias de organismos internacionales, la Corte no ha intervenido, lo que plantea serias dudas sobre su capacidad para actuar como un contrapeso al poder ejecutivo.
El decreto 175, que renovó el estado de excepción en varias provincias, también expiró sin un pronunciamiento judicial. Esta falta de respuesta ha llevado a que el presidente Noboa continúe con su agenda de seguridad sin la supervisión necesaria, lo que podría resultar en un aumento de la violencia en el país. Según las proyecciones, 2025 podría convertirse en el año más violento en la historia de Ecuador si la tendencia actual persiste.
**Un Contexto de Presión y Conflicto**
La situación se complica aún más por el contexto de tensión entre el Gobierno y la Corte Constitucional. Noboa ha llevado a cabo una campaña de desprestigio contra los magistrados, lo que ha incluido manifestaciones públicas y acusaciones de interferencia en sus funciones. Este clima de hostilidad ha llevado a muchos a cuestionar la autonomía de la Corte y su capacidad para actuar de manera imparcial.
Además, el presidente ha propuesto reformas constitucionales que buscan limitar el poder de la Corte, lo que ha generado un debate sobre la separación de poderes en el país. Las propuestas incluyen cambios que podrían debilitar el papel de la Corte como órgano de control de las acciones del Ejecutivo. Este tipo de medidas han sido históricamente vistas como un intento de los mandatarios de consolidar su poder y evitar la rendición de cuentas.
La Corte, que anteriormente había anulado estados de excepción injustificados y leyes aprobadas de manera inconstitucional, parece haber cambiado su enfoque. La falta de pronunciamientos sobre la Ley de Inteligencia y otras normativas recientes ha llevado a la acumulación de demandas de inconstitucionalidad, lo que podría resultar en un estancamiento legislativo y un aumento de la incertidumbre jurídica.
**Expectativas y Demandas de Pronunciamiento**
En medio de esta crisis, la Corte Constitucional enfrenta una serie de demandas que requieren atención urgente. Entre ellas se encuentran las leyes de Transparencia Social y de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, que han sido objeto de críticas y cuestionamientos. La acumulación de estas demandas, junto con las propuestas de enmiendas constitucionales presentadas por el presidente, pone de manifiesto la necesidad de un pronunciamiento claro y contundente por parte de la Corte.
El hecho de que la Corte no haya emitido dictámenes sobre temas tan relevantes como la militarización de provincias y la seguridad nacional es un indicativo de la crisis de gobernabilidad que atraviesa el país. La falta de claridad en la interpretación de la ley y la inacción de la Corte pueden tener repercusiones graves en la estabilidad política y social de Ecuador.
La situación actual plantea un desafío significativo para el Gobierno de Noboa, que debe encontrar un equilibrio entre la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos. La presión sobre la Corte Constitucional para que actúe de manera efectiva y oportuna es más urgente que nunca, ya que el futuro de la democracia en Ecuador podría depender de su capacidad para mantener su independencia y autoridad.
En resumen, la Corte Constitucional se encuentra en una encrucijada, enfrentando presiones externas y una creciente carga de trabajo que podría comprometer su función esencial en el sistema democrático. La falta de pronunciamientos sobre cuestiones críticas no solo afecta la legitimidad de la Corte, sino que también pone en riesgo el estado de derecho en Ecuador.
