La reciente decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de anular la remoción del alcalde de Rumiñahui, Fabián Iza, ha generado un gran revuelo en el ámbito político ecuatoriano. Este fallo, emitido el 1 de octubre de 2025, se basa en la identificación de serias irregularidades en el procedimiento que llevó a la destitución del alcalde. La situación pone de manifiesto la importancia del debido proceso y la seguridad jurídica en la gestión pública, así como la necesidad de que las autoridades actúen dentro de los marcos legales establecidos.
### Contexto de la Remoción
El 10 de septiembre de 2025, el Concejo Municipal de Rumiñahui decidió remover a Fabián Iza de su cargo, alegando diversas irregularidades en su gestión. Sin embargo, el alcalde, tras ser destituido, solicitó al TCE que revisara el proceso de remoción, argumentando que no se habían respetado las formalidades requeridas por el Código de la Democracia. Este código establece un marco claro para la remoción de autoridades de elección popular, que incluye la presentación de denuncias, la verificación de requisitos y la garantía de un debido proceso.
El TCE, tras analizar la solicitud de Iza, determinó que el Concejo Municipal había incurrido en múltiples errores procedimentales. Entre las irregularidades más destacadas se encontró que la denuncia en su contra no fue recibida adecuadamente por la Secretaría del Concejo, lo que invalidó el inicio del proceso. Además, se identificaron fallas en la verificación de documentos esenciales, como copias de cédulas y domicilios de los denunciantes, lo que compromete la validez de cualquier acción tomada posteriormente.
### Implicaciones del Fallo del TCE
La decisión del TCE no solo restituye a Fabián Iza en su cargo, sino que también establece un precedente importante sobre la forma en que se deben llevar a cabo los procesos de remoción de autoridades. El tribunal enfatizó que la remoción de un alcalde no es un acto discrecional del Concejo Municipal, sino que debe seguir un procedimiento legalmente reglado. Cada fase del proceso debe ser cumplida con rigurosidad, y cualquier omisión puede llevar a la nulidad del mismo.
El fallo del TCE también resalta la importancia de la seguridad jurídica en la administración pública. Los ciudadanos deben tener la certeza de que sus representantes están protegidos por un marco legal que garantiza sus derechos y que cualquier acción en su contra debe ser justificada y documentada adecuadamente. La falta de cumplimiento de estos procedimientos no solo afecta a la persona en cuestión, sino que también socava la confianza del público en las instituciones democráticas.
Además, el TCE aclaró que su análisis se limitó a aspectos procedimentales y no evaluó la veracidad de las acusaciones contra Iza ni su conducta como alcalde. Esto implica que, aunque el proceso de remoción fue anulado, las denuncias en su contra aún podrían ser objeto de investigación en el futuro, siempre que se sigan los procedimientos adecuados.
La anulación de la remoción de Iza también ha generado reacciones en el ámbito político. Algunos sectores han expresado su preocupación por la posibilidad de que este tipo de irregularidades se repitan en el futuro, lo que podría llevar a una crisis de gobernabilidad en la región. Por otro lado, los partidarios de Iza han celebrado la decisión del TCE como una victoria de la legalidad y el respeto a los derechos democráticos.
### Reflexiones sobre el Proceso Electoral
Este caso pone de relieve la necesidad de una revisión exhaustiva de los procesos electorales y de remoción en Ecuador. La falta de claridad en los procedimientos puede dar lugar a abusos de poder y a la manipulación política, lo que a su vez puede erosionar la confianza del público en sus representantes. Es fundamental que las instituciones encargadas de velar por la legalidad y la transparencia en el proceso electoral refuercen sus mecanismos de control y supervisión.
Asimismo, es crucial que los ciudadanos se mantengan informados y participen activamente en la vigilancia de sus autoridades. La democracia no solo se ejerce en las urnas, sino también en la exigencia de rendición de cuentas y en la defensa de los derechos de los funcionarios electos. La participación ciudadana es un pilar fundamental para garantizar que los procesos democráticos se desarrollen de manera justa y equitativa.
En resumen, la anulación de la remoción del alcalde de Rumiñahui es un recordatorio de la importancia del debido proceso en la política ecuatoriana. Este caso no solo afecta a Fabián Iza, sino que tiene implicaciones más amplias para la gobernanza y la confianza en las instituciones democráticas del país.
