La gestión del alcalde Aquiles Alvarez en Guayaquil ha estado marcada por una serie de contratos significativos en el ámbito de la acción social y educativa. Desde mayo de 2023 hasta agosto de 2025, la Empresa Pública de Acción Social y Educación (DASE EP) ha realizado un total de 237 adquisiciones, concentrando el 56% de sus inversiones en solo 20 contratos. Este artículo examina los detalles de estos contratos, los actores involucrados y las implicaciones que tienen para la administración municipal.
### Contratos y Adjudicaciones: Un Análisis Detallado
Los registros del portal de compras públicas Sercop revelan que la DASE EP ha manejado un presupuesto total de USD 17,4 millones, de los cuales USD 9.774.306 han sido adjudicados a un grupo reducido de contratistas. Entre las contrataciones más destacadas se encuentra la readecuación de los Centros de Atención Municipal Integral (CAMI), que fue contratada por USD 902.210. Este contrato ha sido objeto de quejas por parte de proveedores, lo que pone de manifiesto la complejidad y las controversias que pueden surgir en el proceso de adjudicación.
Además, la DASE EP ha realizado compras significativas de materiales educativos, como la adquisición de lentes por un total de USD 892.000 y contratos de impresión de textos escolares que suman más de USD 1.398.984. Estos contratos no solo reflejan la necesidad de recursos educativos en la ciudad, sino que también destacan la importancia de la transparencia y la competencia en el proceso de selección de proveedores.
La gestión de Aquiles Alvarez ha sido criticada por la concentración de contratos en un número limitado de empresas y personas, lo que ha generado inquietudes sobre la equidad y la transparencia en el uso de los recursos públicos. Por ejemplo, se ha señalado que algunos de los contratistas son exfuncionarios de salud y jóvenes universitarias, lo que plantea preguntas sobre la imparcialidad en el proceso de adjudicación.
### Quejas y Controversias en el Proceso de Adjudicación
Las quejas de los proveedores han sido una constante en la gestión de la DASE EP. Muchos de ellos han expresado su frustración por los requisitos exigidos en los procesos de licitación, que consideran excesivos y limitantes. Un proveedor, por ejemplo, argumentó que los requisitos dificultan la participación de pequeñas empresas y emprendedores, lo que podría limitar la diversidad de ofertas y la competencia en el mercado.
Otro aspecto que ha generado controversia es el monto del anticipo requerido para los contratos. Algunos proveedores han señalado que el 30% de anticipo no es suficiente para cubrir los costos iniciales de los materiales necesarios para llevar a cabo los proyectos. Esta situación ha llevado a que algunos contratos sean adjudicados a empresas que no cuentan con la capacidad financiera para cumplir con los requisitos, lo que podría resultar en incumplimientos y retrasos en la ejecución de los proyectos.
Un caso notable es el de una joven universitaria que obtuvo un contrato por USD 279.000 para ofrecer cursos de manualidades en los CAMI. Este contrato fue el primero de la universitaria y se adjudicó en medio de quejas de otros oferentes y una suspensión del Sercop. La situación ha suscitado críticas sobre la idoneidad de los adjudicatarios y la transparencia del proceso de selección.
La DASE EP, creada en julio de 2020, ha tenido un papel crucial en la gestión de la acción social y educativa en Guayaquil. Sin embargo, la administración de Aquiles Alvarez ha enfrentado desafíos significativos en términos de transparencia y equidad en la adjudicación de contratos. La necesidad de mejorar los procesos de licitación y garantizar una mayor participación de diversos actores en el mercado es evidente.
En resumen, la gestión de Aquiles Alvarez en Guayaquil ha estado marcada por una serie de contratos significativos en el ámbito de la acción social y educativa. A medida que la ciudad continúa enfrentando desafíos en estos sectores, es fundamental que se implementen medidas para mejorar la transparencia y la competencia en el proceso de adjudicación de contratos, garantizando así un uso más eficiente y equitativo de los recursos públicos.
