Las tensiones en la provincia de Imbabura, Ecuador, han llegado a un punto de inflexión tras más de tres semanas de paro liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). En un diálogo que se extendió por más de cuatro horas, los representantes de las comunidades indígenas y el Gobierno de Daniel Noboa lograron un acuerdo que pone fin a las movilizaciones y bloqueos que habían afectado la región. El ministro del Interior, John Reimberg, anunció al término de la reunión que se levantan los bloqueos y se reabren las vías, permitiendo así el reabastecimiento de la provincia.
La reunión tuvo lugar en Otavalo y contó con la participación de líderes de 58 cabildos indígenas de la zona. Entre los asistentes se encontraban figuras destacadas como Mesías Flores, presidente de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura (FICI), y Manuel Catucuago, vocero de la movilización. Sin embargo, es importante señalar que los representantes del pueblo Karanki no estuvieron presentes, ya que se mostraron en desacuerdo con el levantamiento del paro y decidieron retirarse de las mesas de diálogo.
Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es la creación de mesas técnicas territoriales que se encargarán de abordar problemáticas que afectan a las comunidades, tales como el acceso al agua y la infraestructura vial. Además, se discutió el congelamiento del precio del diésel, un tema crucial para los habitantes de la región que dependen de este recurso para sus actividades diarias.
Otro aspecto significativo del acuerdo es el traslado de 12 detenidos por el ataque al Cuartel Policial de Otavalo, quienes serán movidos de la prisión de Portoviejo a la de Ibarra, lo que les permitirá estar más cerca de sus familias. Estos individuos están siendo procesados por terrorismo, lo que ha generado un gran debate en la sociedad ecuatoriana sobre el uso de la fuerza y la criminalización de la protesta social.
El sector indígena ha expresado su deseo de continuar en asamblea permanente, lo que implica que aunque se levanten los bloqueos, seguirán vigilantes ante el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Además, han planteado otros pedidos al Gobierno, como la liberación de los detenidos, atención médica para los heridos durante las protestas y el retiro de fuerzas militares y policiales de las comunidades. También han solicitado disculpas públicas por el uso de términos como «terroristas» para referirse a ellos, lo que consideran un agravio a su dignidad.
La situación en Imbabura refleja un contexto más amplio de descontento social en Ecuador, donde las comunidades indígenas han sido históricamente marginadas y enfrentan múltiples desafíos. La falta de atención a sus demandas ha llevado a un aumento en la radicalización de las protestas, lo que ha generado un ciclo de confrontación entre el Gobierno y los sectores indígenas.
A medida que se implementen los acuerdos, será crucial observar la respuesta de las comunidades y la dirigencia nacional de la Conaie, liderada por Marlon Vargas, quien no participó en el diálogo y ha mantenido un discurso de radicalización de la protesta. La falta de consenso entre las diferentes comunidades indígenas podría complicar la estabilidad en la región y generar nuevas tensiones en el futuro.
La situación en Imbabura es un reflejo de las luchas más amplias que enfrentan las comunidades indígenas en Ecuador, donde la búsqueda de reconocimiento, derechos y justicia social sigue siendo un desafío constante. La capacidad del Gobierno para cumplir con los acuerdos y atender las demandas de las comunidades será fundamental para evitar futuros conflictos y construir una paz duradera en la región. La atención a las necesidades básicas, como el acceso al agua y la infraestructura, será clave para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Imbabura y restablecer la confianza entre el Gobierno y las comunidades indígenas.
