El Colegio de Abogados de Pichincha, junto con la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, ha decidido presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Solidaridad Nacional, así como contra la Ley de Inteligencia y la Ley de Integridad Pública. Esta acción legal se fundamenta en la identificación de vicios tanto de forma como de fondo en las normativas aprobadas por la Asamblea Nacional. La primera demanda se presentará el 9 de julio en la Corte Constitucional, y las otras dos se ingresarán en un plazo de aproximadamente 15 días, según lo confirmado por Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha.
La Ley de Solidaridad Nacional ha sido objeto de críticas desde su aprobación, y los abogados han señalado que contiene disposiciones que afectan la seguridad jurídica y el debido proceso. Ocaña ha manifestado que las leyes aprobadas incluyen aspectos de materia penal, tributaria y de seguridad, lo que contradice el artículo 136 de la Constitución, que establece que una norma debe ser coherente en su temática. Además, se ha cuestionado el uso de la figura de urgencia en la tramitación de estas leyes, argumentando que no cumplen con los requisitos necesarios para ser consideradas urgentes.
### Vicios Legales y Procedimentales
Los abogados han expuesto siete razones principales por las cuales consideran que la Ley de Solidaridad Nacional es inconstitucional. Entre estas razones se encuentran la violación de la supremacía constitucional, vicios en el procedimiento legislativo, y la inconstitucionalidad por unidad de materia. Estas preocupaciones se centran en el hecho de que las leyes aprobadas incluyen disposiciones de distinta naturaleza jurídica, lo que podría afectar el principio de progresividad de derechos y garantías fundamentales.
Ocaña ha enfatizado que, aunque la Ley de Inteligencia siguió el procedimiento ordinario, también contiene elementos que violan la Constitución. Este enfoque crítico hacia las leyes no solo proviene del Colegio de Abogados de Pichincha, sino que también ha sido respaldado por diversas organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles, como el FUT, la UNE y la FEUE, que han presentado demandas similares ante la Corte Constitucional y han convocado movilizaciones en los próximos días.
La Corte Constitucional, una vez que reciba las demandas, deberá decidir si las admite a trámite. En caso de que las acepte, podría convocar audiencias públicas para escuchar los argumentos de ambas partes. Este proceso es crucial, ya que la Corte tiene la responsabilidad de garantizar que las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional se ajusten a los principios constitucionales del país.
### Reacciones y Movilizaciones
La decisión del Colegio de Abogados de Pichincha ha generado un amplio debate en la sociedad ecuatoriana. Muchos ciudadanos y organizaciones ven esta acción como un paso necesario para proteger los derechos fundamentales y asegurar que las leyes sean justas y coherentes. Las movilizaciones convocadas por diferentes grupos sociales reflejan un creciente descontento con las decisiones legislativas recientes, y se espera que estas manifestaciones se intensifiquen en los próximos días.
La Ley de Solidaridad Nacional, en particular, ha sido criticada por su enfoque en la recaudación de fondos a través de medidas que algunos consideran excesivas y perjudiciales para la población. La falta de transparencia en el proceso legislativo y la percepción de que las leyes se han aprobado sin un adecuado debate público han alimentado la desconfianza hacia el gobierno y la Asamblea Nacional.
La situación actual plantea importantes interrogantes sobre el futuro del marco legal en Ecuador y la capacidad de las instituciones para responder a las demandas de la ciudadanía. La Corte Constitucional se encuentra en una posición clave para abordar estas preocupaciones y garantizar que se respeten los derechos de todos los ecuatorianos. A medida que se desarrollen los acontecimientos, será fundamental seguir de cerca las acciones de los abogados y las reacciones de la sociedad civil ante este desafío legal.
