En el norte de Quito, un terreno que alguna vez fue parte de un operativo antinarcóticos se ha convertido en un verdadero cementerio de vehículos. Más de 150 automóviles, desde volquetas hasta motocicletas, yacen abandonados en un espacio que debería ser un lugar seguro y útil para la comunidad. Este terreno, que se encuentra colindante con el terminal terrestre de Carcelén, ha pasado de ser un símbolo de justicia a un foco de inseguridad y abandono, afectando la vida diaria de los vecinos y comerciantes de la zona.
La situación es alarmante. A diario, alrededor de 7,000 personas transitan por esta área, y muchos de ellos se ven expuestos a la delincuencia que se ha proliferado en torno a este cementerio de carros. La falta de acción por parte de las autoridades ha dejado a los residentes en un estado de vulnerabilidad constante. Jimena, una comerciante que ha trabajado en el sector durante siete años, ha sido víctima de robos en múltiples ocasiones. Ella recuerda un caso particularmente trágico: el hallazgo del cuerpo de una joven dentro de una camioneta abandonada en el área. La inseguridad ha llevado a muchos comerciantes a cerrar sus negocios antes de lo habitual, temerosos de ser asaltados.
La situación se agrava con la presencia de ratas y otros animales que han encontrado refugio entre los vehículos en descomposición. Paola, otra vendedora que lleva 14 años en la zona, expresa su frustración: «Antes trabajábamos hasta la noche, ahora cerramos a las 14:00 por miedo. Hay robos a toda hora, saqueos, indigentes durmiendo ahí. Y lo peor es que no hay presencia policial. Solo vienen si hay algo grave». Esta falta de vigilancia ha contribuido a la percepción de que el área es un lugar peligroso, lo que a su vez afecta la economía local.
Los vehículos abandonados no solo representan un problema de seguridad, sino que también son una pérdida económica significativa. Muchos de estos automóviles podrían ser rematados y reutilizados, pero en su lugar, están pudriéndose en un terreno que debería ser administrado de manera más eficiente. La falta de acción por parte del Estado ha llevado a los residentes a cuestionar la responsabilidad de las instituciones involucradas. Según la Policía Nacional, el terreno es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado, mientras que la Fiscalía afirma que no tiene patios de retención vehicular y que la competencia recae en la Dirección Provincial de la Policía Judicial de Pichincha. Esta falta de claridad ha dejado a los ciudadanos sin respuestas y sin soluciones.
El terreno, que abarca 15,242 metros cuadrados y tiene un valor catastral de USD 2,6 millones, ha sido testigo de un deterioro alarmante. Las estructuras que alguna vez fueron parte de un operativo exitoso contra el narcotráfico ahora lucen como ruinas. Las casas en los extremos del terreno están en un estado de colapso, con techos caídos y paredes agrietadas, mientras la vegetación crece entre las grietas. Este paisaje de abandono no solo es visualmente impactante, sino que también tiene un efecto negativo en la calidad de vida de quienes trabajan y viven en la zona.
La historia de este predio está marcada por el crimen organizado, ya que fue parte de los bienes incautados en uno de los mayores operativos contra el narcotráfico en los años noventa. Sin embargo, en lugar de ser un símbolo de justicia y recuperación, se ha convertido en un recordatorio del abandono institucional. Los vecinos, como Jimena y Paola, sienten que están luchando una batalla solitaria contra la delincuencia y la desidia gubernamental. «Esto afecta a todo el barrio, da una percepción de que todo está botado. Y por eso aparece la delincuencia. Vivimos en zozobra», lamenta Jimena.
La falta de acción por parte de las autoridades no solo se traduce en un aumento de la delincuencia, sino que también afecta la economía local. Los comerciantes, que dependen de la afluencia de clientes, ven cómo su negocio se ve perjudicado por la mala imagen del área. La percepción de inseguridad ha llevado a muchos a evitar la zona, lo que a su vez ha contribuido a un ciclo de abandono y deterioro.
Mientras tanto, el cementerio de carros sigue creciendo, y la comunidad se siente cada vez más desprotegida. La falta de responsabilidad clara entre las instituciones y la nula respuesta estatal han dejado a los ciudadanos en una situación precaria. En una ciudad que necesita recuperar espacios públicos y garantizar la seguridad de sus habitantes, Carcelén se erige como un ejemplo de lo que ocurre cuando el abandono se convierte en norma y nadie quiere asumir la responsabilidad. Los residentes continúan esperando una solución, mientras el paisaje de olvido institucional se expande a su alrededor.
