La reciente controversia en Guayaquil en torno a la suspensión del permiso ambiental para la construcción de un paso elevado en la avenida del Bombero ha generado un intenso debate político y social. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, ha salido al paso de las críticas, defendiendo la decisión de su administración y subrayando la importancia de cumplir con la normativa ambiental vigente en Ecuador. En una rueda de prensa celebrada el 15 de julio de 2025, Aguiñaga enfatizó que su institución actuó conforme a la ley tras recibir una notificación del Ministerio del Ambiente. «Aquí el ente rector, el Ministerio del Ambiente, notificó a la Prefectura y nosotros lo que hemos hecho es acatar la ley, que está publicada en el Ecuador», declaró la prefecta, dejando claro que su prioridad es el bienestar de los ciudadanos guayaquileños.
La polémica se intensificó cuando el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, calificó la suspensión del permiso como un acto político. En respuesta, Aguiñaga ironizó sobre la situación, cuestionando por qué se critica a una autoridad que simplemente está cumpliendo con la ley. «Ahora nos llama la atención que una autoridad cumpla la ley, por amor a Dios, ¿en qué clase de país nos estamos convirtiendo?», expresó con firmeza. La prefecta también explicó que la suspensión del permiso se basa en el principio pro natura, que permite la suspensión temporal de autorizaciones cuando existen dudas sobre su cumplimiento.
### La Reacción del Municipio y la Recolección de Firmas
El conflicto ha escalado a tal punto que el Municipio de Guayaquil ha denunciado actos de vandalismo en protestas relacionadas con la suspensión de la obra. Álvarez, en un intento por movilizar el apoyo ciudadano, anunció la recolección de 20,000 firmas en respaldo al proyecto vial en Los Ceibos. Según el municipio, se han cumplido todos los requisitos técnicos y legales necesarios para continuar con la obra, y se están llevando a cabo reuniones con representantes de la CAF para asegurar el financiamiento.
La tensión entre la Alcaldía y la Prefectura no es nueva, pero ha cobrado mayor relevancia en las últimas semanas. La confrontación política ha llevado a Aguiñaga a hacer un llamado a dejar de lado el «show político» y a centrarse en temas productivos y económicos que beneficien a la comunidad. «Hoy pensemos en generar empleo, sin empleo no hay seguridad tampoco, así que un llamado cordial a que apoyemos estas iniciativas que vienen entre la academia, el sector privado y las instituciones públicas», instó la prefecta.
### Implicaciones para el Desarrollo Urbano
La situación actual plantea importantes preguntas sobre el desarrollo urbano en Guayaquil y la relación entre las distintas autoridades locales. La obra del paso elevado en la avenida del Bombero es vista como un proyecto clave para mejorar la movilidad en la ciudad, pero también ha suscitado preocupaciones sobre el impacto ambiental y la necesidad de cumplir con las normativas establecidas.
El Código Orgánico del Ambiente establece que el Ministerio del Ambiente tiene la responsabilidad de realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de las autorizaciones. Aguiñaga ha insistido en que es fundamental que se respeten estos procedimientos para garantizar que las obras no solo sean efectivas, sino también sostenibles. «Lo que le corresponde al Ministerio del Ambiente es hacer las inspecciones de rigor, verificar si no hay ningún cambio mayor, bueno, respetar el permiso que se ha entregado y que la obra continúe a favor de los guayaquileños», afirmó.
La controversia también pone de manifiesto la necesidad de un diálogo más constructivo entre las autoridades locales. La división entre la Alcaldía y la Prefectura podría tener repercusiones negativas en la implementación de proyectos que son vitales para el desarrollo de la ciudad. La prefecta ha hecho un llamado a la unidad y a la colaboración entre las distintas instancias de gobierno para abordar los desafíos que enfrenta Guayaquil.
En medio de este escenario, la Cumbre del Cacao 2025 se presenta como una oportunidad para que las autoridades se enfoquen en iniciativas que generen empleo y desarrollo económico. La prefecta ha instado a las autoridades a dejar de lado las disputas políticas y a trabajar juntos en pro del bienestar de la comunidad. La situación actual en Guayaquil es un recordatorio de que el desarrollo urbano y la sostenibilidad ambiental deben ir de la mano, y que el cumplimiento de la ley es fundamental para lograr un futuro más próspero para todos los ciudadanos.
