Las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) han sido promovidas en Ecuador como una herramienta para facilitar el emprendimiento y la formalización de negocios. Sin embargo, recientes informes del Servicio de Rentas Internas (SRI) han revelado un uso indebido de esta figura jurídica, que ha llevado a la evasión fiscal y a la simulación de operaciones económicas. Este fenómeno ha generado preocupación entre las autoridades y la ciudadanía, ya que afecta la recaudación tributaria y la equidad en el sistema fiscal del país.
### El auge de las SAS y sus implicaciones
Desde su creación, más de 69 mil SAS han sido registradas en Ecuador. Esta modalidad permite a los emprendedores constituir empresas de manera rápida y sin la necesidad de un capital mínimo, lo que ha sido visto como un incentivo para la formalización de negocios. Sin embargo, el SRI ha detectado que muchas de estas empresas han sido creadas únicamente en papel, sirviendo como vehículos para evadir impuestos.
Uno de los casos más alarmantes involucra a 23 SAS que, en 2023 y 2024, reportaron exportaciones de minerales por un total de 90 millones de dólares. Al realizar las verificaciones pertinentes, el SRI no pudo localizar las direcciones registradas en el RUC, lo que ha levantado serias dudas sobre la veracidad de estas operaciones. Esta situación ha llevado a la suspensión de los RUC correspondientes y a la activación de procesos de fiscalización sobre los contribuyentes involucrados.
El SRI ha estimado que cerca de 800 SAS declararon ingresos menores a los reales durante 2022 y 2023, lo que ha resultado en una evasión fiscal de aproximadamente 4 millones de dólares. Además, se ha identificado que más de 3,500 SAS con actividad económica no están emitiendo comprobantes electrónicos, a pesar de que la ley lo exige. Esta falta de cumplimiento no solo afecta la recaudación, sino que también pone en riesgo la integridad del sistema tributario.
### Medidas del SRI para combatir la evasión
Ante estas irregularidades, el SRI ha implementado un programa de control que compara los ingresos declarados por las SAS con los reportados a través de medios electrónicos. Este enfoque busca asegurar el cumplimiento tributario y frenar la evasión. El director del SRI, Damián Larco, ha señalado que se intensificarán las fiscalizaciones, no solo a las SAS, sino también a aquellos profesionales que han optado por constituir estas empresas para beneficiarse de tarifas impositivas más bajas al cambiar su estatus de personas naturales a jurídicas.
La reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, el 10 de junio de 2025, también busca restringir el uso de las SAS en actividades consideradas de alto riesgo, como operaciones financieras, mercado de valores, seguros y minería. Esta legislación es un paso importante para asegurar que las SAS cumplan con su propósito original de fomentar el emprendimiento y no se conviertan en herramientas para la defraudación tributaria.
El SRI ha manifestado su compromiso de continuar con fiscalizaciones focalizadas para detectar y sancionar el uso indebido de las SAS. La administración tributaria está decidida a proteger la integridad del sistema fiscal y a garantizar que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias de manera justa y equitativa.
La situación actual plantea un desafío significativo para el SRI y para el sistema tributario en general. La evasión fiscal no solo afecta la recaudación de ingresos que son esenciales para el desarrollo del país, sino que también crea un ambiente de competencia desleal entre los negocios que operan de manera legal y aquellos que buscan evadir sus responsabilidades fiscales.
La lucha contra la evasión fiscal es un esfuerzo continuo que requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad. La concienciación sobre la importancia del cumplimiento tributario y la promoción de prácticas empresariales responsables son fundamentales para construir un entorno económico más sólido y sostenible en Ecuador. Las autoridades deben seguir trabajando en la implementación de medidas efectivas que aseguren la transparencia y la legalidad en el uso de las SAS, garantizando así que esta figura jurídica cumpla con su propósito de fomentar el emprendimiento y la formalización de negocios en el país.
