La reciente aprobación de la Ley de Integridad Pública en Ecuador ha generado un amplio debate en torno a la transformación de cooperativas de ahorro y crédito en bancos. Este cambio, que se establece a través de la Disposición Transitoria Décimo Primera, ha suscitado preocupaciones entre los actores del sector cooperativo, quienes argumentan que esta medida podría afectar los principios fundamentales de la economía popular y solidaria. A continuación, se analizan los aspectos clave de esta reforma y sus implicaciones para el sector financiero del país.
**La Nueva Regulación y su Implementación**
La Ley de Integridad Pública, aprobada el 24 de junio de 2025, introduce una serie de modificaciones que impactan directamente a las cooperativas de ahorro y crédito. La Disposición Transitoria Décimo Primera establece que ciertas cooperativas deberán transformarse en sociedades anónimas del sector financiero privado, bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos. Esta transformación no será arbitraria; la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria será la encargada de emitir las regulaciones necesarias para identificar cuáles cooperativas deben realizar este cambio.
La creación de esta nueva Junta implica la fusión de la Junta Financiera y la Junta Monetaria, que hasta ahora operaban de manera independiente. Este proceso de fusión y la posterior identificación de las cooperativas que deben transformarse en bancos se llevará a cabo en un plazo de 90 días desde la conformación de sus miembros. La justificación detrás de esta medida radica en la necesidad de proteger los ahorros de los ciudadanos y preservar la estabilidad financiera del país, según lo estipulado en la ley.
**Diferencias Fundamentales entre Cooperativas y Bancos**
Para entender el impacto de esta reforma, es crucial conocer las diferencias entre cooperativas y bancos. Las cooperativas de ahorro y crédito son entidades formadas por socios que son tanto dueños como usuarios de la cooperativa. Su objetivo principal no es la generación de utilidades, sino el bienestar colectivo de sus miembros. Cada socio tiene un voto en las decisiones, independientemente del capital que haya aportado, lo que refleja un enfoque democrático y participativo.
Por otro lado, los bancos son entidades con fines de lucro que operan bajo un modelo diferente. No tienen socios, sino accionistas que participan en la toma de decisiones en función de las acciones que poseen. Esto implica que los bancos están sujetos a exigencias más estrictas en términos de respaldos de depósitos y provisiones por cartera en riesgo, lo que les permite operar en un entorno financiero más competitivo y regulado.
La transformación de cooperativas en bancos podría significar un cambio radical en la forma en que estas entidades operan, lo que ha generado una fuerte oposición por parte de organizaciones como la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse). Esta asociación ha expresado su rechazo a la ley, argumentando que la conversión forzada de cooperativas en bancos carece de fundamento legal y contradice los principios establecidos en la Constitución del país.
**Reacciones del Sector Cooperativo**
La oposición de Asofipse y otros actores del sector cooperativo se basa en la creencia de que esta reforma no solo es innecesaria, sino que también podría desvirtuar la esencia del cooperativismo. Los representantes de estas organizaciones han señalado que reemplazar la visión social del cooperativismo por un enfoque financiero tradicional es inaceptable y podría poner en riesgo la estabilidad de las cooperativas existentes.
Además, el gremio ha solicitado al Presidente de la República que vete el proyecto de ley, argumentando que la medida podría tener consecuencias negativas para millones de socios que dependen de las cooperativas para su bienestar financiero. La preocupación radica en que, al convertirse en bancos, estas entidades podrían perder su enfoque en el bienestar colectivo y priorizar la rentabilidad, lo que podría afectar a los usuarios más vulnerables.
**Implicaciones Futuras**
La implementación de esta ley y la transformación de cooperativas en bancos podría tener un impacto significativo en el panorama financiero de Ecuador. Si bien la intención de proteger los ahorros de los ciudadanos es válida, es fundamental considerar las consecuencias que esta medida podría acarrear para el sector cooperativo y sus miembros. La resistencia de las cooperativas y la presión para mantener su modelo de negocio actual reflejan la necesidad de un diálogo más profundo sobre el futuro del sistema financiero en el país.
En resumen, la reciente aprobación de la Ley de Integridad Pública y la posibilidad de que cooperativas de ahorro y crédito se conviertan en bancos plantea interrogantes sobre la dirección que tomará el sector financiero en Ecuador. La oposición de las cooperativas y la necesidad de proteger los principios de la economía popular y solidaria son aspectos que deben ser considerados en el debate sobre esta reforma legislativa.
