La reciente propuesta del proyecto de Ley de Integridad Pública ha generado un intenso debate en Ecuador, especialmente en el ámbito del sector financiero popular y solidario. La Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse) ha manifestado su rechazo a la iniciativa que busca forzar la transformación de cooperativas de ahorro y crédito en bancos privados. Este cambio, según Asofipse, no solo carece de fundamento legal, sino que también contradice los principios establecidos en la Constitución ecuatoriana.
### La Propuesta de Transformación y sus Implicaciones
El proyecto de ley, que se encuentra en su camino hacia el segundo debate en la Asamblea Nacional, incluye una disposición que permite a la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria identificar cooperativas que deben convertirse en sociedades anónimas del sector financiero privado. Esta medida se justifica bajo el argumento de proteger los ahorros de los ciudadanos y preservar la estabilidad financiera del país. Sin embargo, Asofipse sostiene que esta transformación es inaceptable y que sustituir la visión social del cooperativismo por un enfoque financiero tradicional es un ataque directo a los principios de la economía popular y solidaria.
Edgar Peñaherrera, presidente de Asofipse, ha expresado que el artículo 309 de la Constitución establece que las cooperativas son parte del sector financiero popular y solidario, lo que implica que deben ser reguladas por organismos específicos y no por la Superintendencia de Bancos. La propuesta de ley, según Asofipse, no solo deslegitima el derecho de libre asociación, sino que también amenaza el modelo económico solidario que sustenta el sistema financiero del país.
La introducción del concepto de “riesgo sistémico” en el debate ha generado aún más controversia. Asofipse argumenta que no hay claridad sobre los criterios que se utilizarían para determinar qué cooperativas representan un riesgo sistémico. La falta de definición puede llevar a interpretaciones erráticas que, en lugar de proteger la estabilidad del sector, podrían perjudicar la confianza de los depositantes y la operatividad de las cooperativas.
### Diferencias Fundamentales entre Cooperativas y Bancos
Para entender el impacto de esta propuesta, es crucial reconocer las diferencias fundamentales entre cooperativas y bancos. Ambos tipos de instituciones pueden captar depósitos y otorgar créditos, pero su naturaleza y objetivos son marcadamente distintos. Las cooperativas están formadas por socios que son tanto dueños como usuarios de la entidad. Su propósito principal no es generar ganancias, sino mejorar el bienestar colectivo de sus miembros. Cada socio tiene un voto en las decisiones, independientemente del capital que haya aportado, lo que fomenta un sentido de comunidad y colaboración.
Por otro lado, los bancos operan con fines de lucro y están dirigidos por accionistas que toman decisiones basadas en la cantidad de acciones que poseen. Esto significa que el enfoque de los bancos está orientado hacia la maximización de beneficios, lo que puede llevar a decisiones que no siempre benefician a la comunidad en su conjunto. Actualmente, las cooperativas están bajo la supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, lo que les permite operar de acuerdo con principios que priorizan el bienestar social sobre el lucro.
La transformación de cooperativas en bancos no sería simplemente un cambio de nombre o estructura; implicaría un cambio profundo en su funcionamiento y en su misión. La propuesta de ley, al obligar a las cooperativas a adoptar un modelo de negocio orientado al lucro, podría desnaturalizar su esencia y su función social. Esto no solo afectaría a los socios actuales, sino que también podría limitar el acceso a servicios financieros para aquellos que dependen de las cooperativas para satisfacer sus necesidades económicas.
A medida que el debate avanza, Asofipse ha anunciado su intención de solicitar al presidente Daniel Noboa que vete esta propuesta. La organización argumenta que la falta de diálogo y consulta con las cooperativas y las autoridades de la Economía Popular y Solidaria es un indicativo de que la propuesta no considera las realidades y necesidades del sector. La defensa de las cooperativas como entidades que operan bajo principios de solidaridad y apoyo mutuo es fundamental para preservar la diversidad y la estabilidad del sistema financiero ecuatoriano.
El futuro de las cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador está en juego, y la decisión que tome el gobierno en relación con esta propuesta de ley podría tener repercusiones significativas en la economía popular y solidaria del país. La comunidad cooperativa se mantiene alerta y unida, dispuesta a defender su modelo y su derecho a operar de acuerdo con los principios que han guiado su existencia desde su creación.
