El caso de la reconstrucción de Manabí ha captado la atención del país, especialmente por las implicaciones legales que enfrenta el exvicepresidente Jorge Glas y Carlos Bernal, exsecretario de la Reconstrucción. En el cierre del juicio, la Fiscalía ha solicitado una condena de 13 años de prisión y una reparación económica de 225 millones de dólares, lo que ha generado un intenso debate sobre la gestión de recursos públicos en situaciones de emergencia.
### Contexto del Juicio
El juicio por presunto peculado contra Jorge Glas y Carlos Bernal se centra en la supuesta malversación de más de 200 millones de dólares destinados a la reconstrucción de Manabí, tras el devastador terremoto del 16 de abril de 2016. Durante el proceso, la Fiscalía ha argumentado que los acusados priorizaron obras que no estaban relacionadas con la reconstrucción, desviando así recursos que debieron ser utilizados para atender las necesidades más urgentes de la población afectada.
La jornada del 22 de junio de 2025 fue crucial, ya que se presentaron las pruebas finales y se escucharon los alegatos de cierre. La Fiscalía, representada por el fiscal Wilson Toainga, expuso que las acciones de Glas y Bernal no solo constituyen un uso indebido de fondos públicos, sino que también han dejado de lado proyectos esenciales como hospitales y escuelas, que eran prioritarios para la recuperación de la región.
Por su parte, los abogados defensores argumentaron que sus clientes no firmaron contratos ni manejaron directamente los fondos, lo que, según ellos, los exime de responsabilidad. Andrés Villegas, abogado de Glas, enfatizó que la corrupción implica mentir y que las acusaciones de la Fiscalía son infundadas. Esta defensa se basa en la idea de que las decisiones sobre la priorización de proyectos fueron tomadas en un cuerpo colegiado, y no de manera unilateral por los acusados.
### Testimonios y Alegatos
Uno de los momentos más destacados del juicio fue el testimonio de Jorge Glas, quien se defendió argumentando que su papel en la reconstrucción fue el de un coordinador, y no el de un administrador de fondos. Glas recordó el contexto económico del país tras el terremoto, señalando que la reconstrucción no solo debía centrarse en reparar lo dañado, sino también en impulsar la economía local a través de nuevas obras. En su defensa, Glas hizo referencia a políticas económicas históricas, como el New Deal de Franklin Roosevelt, para justificar su enfoque en la reactivación económica.
Glas insistió en que no había malversado fondos, ya que nunca tuvo control directo sobre el dinero destinado a las obras. Según él, las decisiones sobre qué proyectos priorizar fueron tomadas en conjunto con otros ministerios, y su función era simplemente facilitar la ejecución de un plan previamente establecido. Además, argumentó que la Ley de Solidaridad, que permitió la recaudación de fondos para la reconstrucción, no limitaba el uso de esos recursos únicamente a la reparación de infraestructuras dañadas.
El fiscal Toainga, en su alegato final, subrayó que las pruebas presentadas durante el juicio demostraron que Glas y Bernal desviaron recursos hacia proyectos que no eran urgentes y que, en muchos casos, no contaban con la debida autorización del Comité de Reconstrucción. Esto, según la Fiscalía, constituye un claro caso de peculado, ya que los acusados no priorizaron las necesidades más apremiantes de la población afectada por el terremoto.
El juicio ha sido un reflejo de las tensiones políticas en Ecuador, donde la corrupción y la gestión de recursos públicos son temas recurrentes en el debate público. La decisión final del tribunal se espera para el 30 de junio de 2025, y será un momento decisivo no solo para los acusados, sino también para la percepción pública sobre la justicia en el país.
La situación de Jorge Glas y Carlos Bernal es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos, especialmente en momentos de crisis. La reconstrucción de Manabí no solo es un desafío físico, sino también un testimonio de cómo se manejan las prioridades en el gobierno y la política en Ecuador. A medida que se acerca la fecha del veredicto, la atención del país estará centrada en el resultado de este juicio, que podría sentar un precedente importante en la lucha contra la corrupción en el país.
