El juicio por el caso de presunto peculado que involucra al exvicepresidente Jorge Glas y a Carlos Bernal, exsecretario del Comité de la Reconstrucción, ha entrado en su fase decisiva. La Fiscalía ha concluido la presentación de pruebas, y el proceso se reanudará el próximo domingo 22 de junio de 2025. Este caso ha captado la atención del público y ha generado un intenso debate sobre la gestión de recursos públicos en Ecuador, especialmente en el contexto de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016.
### Contexto del Caso Reconstrucción
El caso se centra en la supuesta malversación de fondos destinados a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, regiones devastadas por el terremoto de 2016. La Fiscalía sostiene que Glas y Bernal utilizaron recursos que debían ser destinados a obras prioritarias para beneficio personal y de terceros. Durante la audiencia, que se ha desarrollado a lo largo de cuatro días, se presentaron 20 testigos, a pesar de que inicialmente se había previsto llamar a 142. Esta reducción en el número de testigos ha sido una estrategia de la Fiscalía para acortar el proceso, lo que ha generado críticas y especulaciones sobre la solidez de su caso.
El fiscal Wilson Toainga, encargado de la acusación, ha argumentado que las obras en cuestión no eran prioritarias y que se llevaron a cabo en detrimento de las necesidades de las víctimas del terremoto. Sin embargo, la defensa de los acusados ha calificado la evidencia presentada como insuficiente y ha señalado que algunos testimonios contradicen la narrativa de la Fiscalía. Por ejemplo, el exprefecto de Manabí, Mariano Zambrano, ha declarado que los recursos se utilizaron efectivamente para obras necesarias en la provincia.
### Estrategias de Defensa y Alegatos Finales
La defensa de Jorge Glas ha adoptado una postura agresiva, argumentando que la Fiscalía no ha logrado demostrar su caso de manera convincente. Andrés Villegas, uno de los abogados de Glas, ha afirmado que la teoría del caso de la Fiscalía ha sido desbaratada por los testimonios presentados. Además, han decidido presentar testigos que respaldan su versión de los hechos, incluyendo al actual prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, quien ha defendido la utilidad de las obras realizadas, como las facilidades pesqueras de Chamanga y Cojimíes.
La próxima sesión del juicio será crucial, ya que se escucharán los alegatos finales de ambas partes. Una vez que se presenten estos alegatos, los jueces se retirarán a deliberar antes de emitir su veredicto. La expectativa es alta, no solo por la relevancia del caso en el ámbito político ecuatoriano, sino también por las implicaciones que podría tener para la carrera política de Glas y su legado.
El delito de peculado en Ecuador puede conllevar penas de hasta 13 años de prisión, lo que añade un nivel de gravedad a la situación. La defensa ha enfatizado que cualquier condena basada en pruebas débiles podría ser vista como un acto de persecución política, un argumento que ha resonado en el contexto de la polarización política en el país.
### Reacciones y Contexto Político
El caso ha suscitado reacciones diversas en la sociedad ecuatoriana. Por un lado, hay quienes apoyan la acción de la Fiscalía como un paso necesario para garantizar la rendición de cuentas en el uso de fondos públicos. Por otro lado, hay quienes ven el juicio como un intento de deslegitimar a figuras políticas de la oposición, en un contexto donde la política ecuatoriana está marcada por la confrontación entre diferentes sectores.
Además, la Corte Nacional de Justicia ha hecho un llamado a evitar presiones y estigmatizaciones contra los jueces que participan en este caso, en respuesta a las críticas recibidas por parte de algunos miembros del gobierno. Este contexto de tensión política y social añade una capa adicional de complejidad al juicio, ya que las decisiones de los jueces no solo tendrán un impacto legal, sino también político.
El juicio a Jorge Glas y Carlos Bernal es un reflejo de los desafíos que enfrenta Ecuador en su camino hacia la transparencia y la justicia. A medida que se acerca la fecha de los alegatos finales, la atención se centra en cómo se desarrollará este proceso y qué implicaciones tendrá para el futuro político del país. La sociedad ecuatoriana sigue de cerca cada movimiento en este caso, que podría marcar un hito en la historia reciente del país.
