La situación política en Ecuador ha estado marcada por una serie de elecciones y procesos electorales que han impactado la capacidad de la Asamblea Nacional para llevar a cabo juicios políticos. En particular, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra en una posición de protección ante la posibilidad de ser sometido a juicio político, gracias a la secuencia de eventos electorales que han prolongado su periodo de inmunidad. Este artículo explora las implicaciones de esta situación y el contexto que la rodea.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ha sido la encargada de manejar las solicitudes de juicio político en contra de los consejeros del CNE. Sin embargo, la reciente decisión de la Comisión de no reactivar el juicio político hasta 2026 ha generado un debate sobre la efectividad de las instituciones y su capacidad para rendir cuentas. Esta decisión se basa en la existencia de un proceso electoral vigente, lo que, según el criterio jurídico del CNE, impide avanzar con el juicio político.
### Contexto Electoral y Blindaje del CNE
Desde 2021, la Asamblea ha recibido solicitudes de juicio político contra varios miembros del CNE, incluyendo a su presidenta, Diana Atamaint, y otros consejeros. Estas solicitudes se fundamentan en acusaciones de incumplimiento de funciones, específicamente en relación con la gestión de las elecciones generales de 2021. Los legisladores de Pachakutik argumentaron que el CNE no permitió el recuento de votos en más de 30,000 urnas, lo que, según ellos, perjudicó a su candidato presidencial, Yaku Pérez, y benefició a Guillermo Lasso, quien finalmente ganó las elecciones.
A medida que se han sucedido las elecciones en el país, desde las seccionales de 2023 hasta las elecciones extraordinarias de 2025, el CNE ha logrado mantener su estatus de protección. Este fenómeno ha sido denominado como un «blindaje» al CNE, ya que cada nuevo proceso electoral ha pospuesto la posibilidad de que se reactive el juicio político. La última elección, que se llevará a cabo en Sevilla Don Bosco, es un ejemplo de cómo el calendario electoral ha influido en la capacidad de la Asamblea para actuar.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, ha señalado que la reactivación del juicio político no sería jurídicamente procedente mientras exista un proceso electoral en curso. Esta situación ha llevado a algunos asambleístas a cuestionar si las disposiciones legales están siendo utilizadas de manera adecuada o si, por el contrario, se están aprovechando para evitar la rendición de cuentas.
### Implicaciones para la Rendición de Cuentas
La incapacidad de la Asamblea para avanzar con el juicio político plantea serias preguntas sobre la rendición de cuentas en el sistema político ecuatoriano. La falta de acción en este frente puede ser vista como un debilitamiento de las instituciones democráticas, ya que los ciudadanos podrían percibir que los funcionarios electos no están sujetos a las mismas reglas que el resto de la población.
Además, el hecho de que el CNE pueda operar sin la presión de un juicio político podría tener repercusiones en la confianza pública en el sistema electoral. La percepción de que los miembros del CNE están protegidos por un escudo legal podría erosionar la credibilidad de las elecciones y del propio organismo electoral. Esto es especialmente relevante en un contexto donde la transparencia y la confianza en las instituciones son fundamentales para la estabilidad política.
La situación se complica aún más con la reciente aprobación de reformas al Código de la Democracia, que han generado un inédito consenso entre diferentes bloques políticos, incluyendo el correísmo y ADN. Estas reformas buscan modificar aspectos clave del sistema electoral, pero también han sido criticadas por su potencial para limitar la fiscalización y el control sobre el CNE.
En este contexto, la Asamblea Nacional enfrenta un dilema: por un lado, debe cumplir con su función de fiscalización y rendición de cuentas, y por otro, debe navegar un entorno electoral que ha sido diseñado para proteger a ciertos actores políticos. La presión para actuar se incrementará a medida que se acerquen las elecciones de 2025, y los ciudadanos exigirán respuestas sobre la gestión del CNE y la integridad del proceso electoral.
La situación actual del CNE y el juicio político refleja una dinámica compleja en la política ecuatoriana, donde la interacción entre elecciones y fiscalización puede determinar el futuro de la gobernanza en el país. A medida que se desarrollan los acontecimientos, será crucial observar cómo la Asamblea y el CNE manejan estas tensiones y si se logrará un equilibrio entre la protección de las instituciones y la necesidad de rendición de cuentas.
