La reciente sanción impuesta por el Consejo de la Judicatura a cinco servidores judiciales de Manabí ha puesto de relieve la creciente preocupación por la corrupción en el sistema judicial ecuatoriano. Este caso, conocido como Narcotentáculos, ha revelado la implicación de funcionarios judiciales en actividades delictivas, lo que ha llevado a un llamado urgente a la reforma y a la transparencia en el sector.
### Contexto del Caso Narcotentáculos
El caso Narcotentáculos ha sido uno de los más notorios en Ecuador, destacándose por la gravedad de las acusaciones de delincuencia organizada que involucran a varios actores del sistema judicial. En este contexto, el Consejo de la Judicatura decidió suspender a cinco funcionarios judiciales de Manabí, quienes fueron mencionados en investigaciones que apuntan a actos de corrupción. La decisión se tomó el 19 de junio de 2025, en una sesión del Pleno del Consejo, y se produce en un momento en que la Fiscalía y la Policía están llevando a cabo allanamientos en diversas propiedades de los implicados.
Los allanamientos se realizaron en varios cantones de Manabí, incluyendo Chone, Manta, Portoviejo y Montecristi, donde se incautaron documentos, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. Estos operativos son parte de una investigación más amplia que busca desmantelar redes de corrupción dentro del sistema judicial.
### Detalles de las Sanciones
Los cinco funcionarios sancionados incluyen a dos jueces, una presidenta de una Corte Provincial, un secretario y un ayudante judicial. Cada uno de ellos está siendo investigado por su participación en actos que comprometen la integridad del sistema judicial.
– **Vicente Fernando Pico Lozano**: Juez de la Unidad Judicial de Montecristi, acusado de participar en reuniones para acordar la liberación irregular de detenidos mediante medidas cautelares.
– **Mayra Roxana Bravo**: Presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, quien supuestamente recibió propuestas de un exjuez sentenciado en el caso Plaga para ayudar a eliminar un sumario disciplinario, comenzando con un pago inicial de USD 1.500.
– **Hermes Leonel Zambrano Oñate**: Juez temporal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario de Portoviejo, señalado por gestionar favores en procesos judiciales a cambio de beneficios.
– **Antonio Manuel Cedeño Loor**: Secretario de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Chone, quien fue mencionado por un exjuez sentenciado como alguien que recibía USD 1.000 por cada medida cautelar ingresada.
– **Luis Guillermo Figueroa Zambrano**: Ayudante Judicial de la Unidad de Garantías Penales del Complejo Judicial de Chone, involucrado en reuniones para acordar la libertad de detenidos.
Todos estos funcionarios han sido suspendidos por un período de tres meses sin sueldo, y la suspensión se mantendrá hasta que se concluyan las investigaciones sobre su conducta. La infracción por la que se les sanciona es considerada gravísima, ya que implica la solicitud o recepción de préstamos, favores o servicios que comprometen su imparcialidad como servidores judiciales.
### Implicaciones para el Sistema Judicial
La situación actual en Manabí refleja un problema más amplio en el sistema judicial ecuatoriano, donde la corrupción ha socavado la confianza pública en las instituciones. La Judicatura ha enfrentado críticas por su incapacidad para manejar adecuadamente los casos de corrupción y por la falta de medidas efectivas para prevenir tales situaciones.
La sanción a estos cinco funcionarios es un paso hacia la rendición de cuentas, pero también plantea preguntas sobre la efectividad de las reformas necesarias para restaurar la confianza en el sistema judicial. La sociedad ecuatoriana exige una mayor transparencia y un compromiso firme por parte de las autoridades para erradicar la corrupción en todas sus formas.
Este caso no solo afecta a los involucrados directamente, sino que también tiene repercusiones en la percepción pública de la justicia en Ecuador. La necesidad de una reforma judicial integral se vuelve cada vez más urgente, y la sociedad civil está atenta a las acciones que se tomen en respuesta a estos escándalos.
La lucha contra la corrupción en el sistema judicial es un desafío que requiere la colaboración de diversas instituciones y la participación activa de la ciudadanía. Solo a través de un esfuerzo conjunto se podrá construir un sistema judicial más justo y transparente, capaz de garantizar la justicia para todos los ecuatorianos.
