Un tribunal en República Dominicana ha decidido liberar bajo fianza a los propietarios de la discoteca Jet Set, que colapsó el pasado 9 de abril de 2025, resultando en la trágica muerte de 235 personas. La decisión ha generado un fuerte debate en la sociedad dominicana, donde la fiscalía ha expresado su descontento y ha anunciado su intención de apelar la resolución. La jueza Fátima Veloz estableció que Antonio Espaillat, dueño del club, y su hermana Maribel, administradora del mismo, deberán pagar una fianza de 50 millones de pesos (aproximadamente 842,500 dólares) y cumplir con ciertas condiciones, como no salir del país y presentarse periódicamente ante el tribunal.
La tragedia ocurrió durante un concierto del popular merenguero Rubby Pérez, quien también perdió la vida en el incidente. La fiscalía ha argumentado que los propietarios alteraron significativamente la estructura del edificio y han denunciado una serie de negligencias que llevaron al colapso. Rosalba Ramos, jefa de la fiscalía del Distrito Nacional, ha manifestado en redes sociales que «no puede haber paz mientras la impunidad tenga más peso que el dolor colectivo». Esta declaración refleja el sentimiento de muchas familias afectadas que buscan justicia y respuestas sobre lo sucedido.
### La búsqueda de justicia y las demandas civiles
La tragedia ha desencadenado una ola de demandas civiles por parte de los familiares de las víctimas. Se han presentado más de un centenar de demandas contra la familia Espaillat, que no solo es propietaria de la discoteca, sino que también tiene un conglomerado de medios y restaurantes en el país. La familia ha emitido un comunicado en el que asegura haber actuado con responsabilidad y transparencia, indicando que han llegado a acuerdos de compensación con más de 40 familias de las víctimas. Sin embargo, muchos consideran que estas acciones no son suficientes y exigen justicia más allá de las compensaciones económicas.
El cargo de homicidio involuntario que enfrentan los propietarios conlleva penas de prisión que oscilan entre tres meses y dos años. A pesar de la gravedad de la situación, la decisión del tribunal de permitir que los acusados enfrenten el juicio en libertad ha sido recibida con indignación por parte de la opinión pública. La fiscalía ha señalado que la investigación sigue en curso y que se están recabando más pruebas para fortalecer el caso en su contra.
### Negligencia y responsabilidad
Los informes iniciales sobre el colapso de la discoteca Jet Set han revelado que existían señales de advertencia sobre la inestabilidad del edificio. Según la fiscalía, los propietarios no suspendieron el evento a pesar de las evidencias de que la estructura estaba en peligro. Esta falta de acción ha sido calificada de «operación negligente», y se han enumerado diversas fallas estructurales que contribuyeron al desastre. La situación ha llevado a muchos a cuestionar la responsabilidad de los dueños y la regulación de los espacios públicos en el país.
El caso ha puesto de relieve la necesidad de una revisión exhaustiva de las normativas de seguridad en lugares de entretenimiento, así como la importancia de garantizar que se tomen en serio las advertencias sobre la seguridad estructural. La comunidad ha comenzado a exigir cambios en la legislación para prevenir que tragedias como esta se repitan en el futuro.
A medida que avanza el proceso judicial, la atención se centra no solo en la búsqueda de justicia para las víctimas, sino también en la necesidad de una mayor responsabilidad por parte de los propietarios de establecimientos públicos. La sociedad dominicana está atenta a cómo se desarrollarán los acontecimientos y qué medidas se implementarán para garantizar la seguridad de los ciudadanos en eventos masivos. La tragedia del Jet Set ha dejado una huella profunda en la memoria colectiva del país, y muchos esperan que se tomen decisiones que honren la memoria de aquellos que perdieron la vida de manera tan trágica.
