La reciente aprobación de la nueva Ley de Inteligencia en Ecuador ha suscitado un amplio debate sobre su impacto en la seguridad nacional y los derechos de los ciudadanos. Esta normativa establece un marco legal para el funcionamiento del Sistema Nacional de Inteligencia, cuyo objetivo es proteger la soberanía y la seguridad integral del país. En este artículo, exploraremos cómo está estructurado este sistema y cuáles son las funciones de sus principales actores.
### Estructura del Sistema Nacional de Inteligencia
El Sistema Nacional de Inteligencia de Ecuador está compuesto por una entidad rectora y varios subsistemas que operan en diferentes ámbitos. La máxima autoridad en este sistema es el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), dirigido por Michele Sensi-Contugi, un empresario sin experiencia previa en el área. La creación de este centro busca consolidar un sistema de inteligencia que, a lo largo de los años, ha enfrentado desafíos significativos en su implementación.
La estructura del sistema incluye siete subsistemas, cada uno con responsabilidades específicas:
1. **Inteligencia de las Fuerzas Armadas**: Encargada de la defensa nacional y la protección de la soberanía territorial.
2. **Inteligencia de la Policía Nacional**: Focalizada en la seguridad interna y la prevención del crimen.
3. **Inteligencia de la Casa Militar Presidencial**: Proporciona seguridad al Presidente y su entorno.
4. **Inteligencia Financiera y Económica (UAFE)**: Se ocupa de la detección de delitos financieros y el análisis económico.
5. **Inteligencia Tributaria (SRI)**: Responsable de la fiscalización y control tributario.
6. **Inteligencia Aduanera (Senae)**: Se encarga de la seguridad en las fronteras y el control del contrabando.
7. **Inteligencia Penitenciaria (SNAI)**: Un subsistema nuevo que aborda la seguridad en el sistema carcelario.
Cada uno de estos subsistemas tiene la tarea de identificar vulnerabilidades y amenazas en su ámbito de competencia. Sin embargo, solo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen la facultad de llevar a cabo operaciones de contrainteligencia, lo que limita el alcance de los otros subsistemas en este aspecto.
### Funciones del Centro de Inteligencia Estratégica
El CIES tiene un papel central en la implementación de la nueva Ley de Inteligencia. Entre sus funciones más relevantes se encuentran:
– **Proporcionar inteligencia y contrainteligencia al Presidente**: Esto implica ofrecer información crítica para la toma de decisiones en materia de seguridad.
– **Elaborar el Plan Nacional de Inteligencia**: Este plan debe identificar los riesgos y amenazas que afectan la seguridad del país.
– **Coordinar operaciones de inteligencia**: El CIES es responsable de la coordinación entre los diferentes subsistemas y de establecer relaciones con organismos de inteligencia de otros países.
– **Emitir regulaciones internas**: Estas regulaciones son de carácter reservado y no son de dominio público, lo que genera preocupaciones sobre la transparencia y el control ciudadano.
La nueva ley también otorga a los funcionarios de inteligencia la capacidad de solicitar información a las compañías telefónicas y a otras entidades sin necesidad de una orden judicial. Esto ha generado un debate sobre la privacidad y los derechos de los ciudadanos, ya que se permite la recopilación de datos personales sin supervisión judicial.
### Implicaciones para la Sociedad Civil
La implementación de la nueva Ley de Inteligencia plantea varios desafíos y preocupaciones para la sociedad civil. Aunque la ley establece prohibiciones para la obtención de información basada en criterios como etnia, orientación sexual o afiliación política, la falta de supervisión judicial en la recolección de datos puede llevar a abusos de poder.
Los expertos advierten que la capacidad de los funcionarios para acceder a información personal sin control puede resultar en violaciones de derechos humanos. La ley permite la recopilación de datos históricos y en tiempo real de las comunicaciones de los ciudadanos, lo que podría ser utilizado para fines que van más allá de la seguridad nacional.
Además, la clasificación de la información en niveles de confidencialidad (reservada, secreta y secretísima) plantea interrogantes sobre la transparencia del sistema. La liberación de información clasificada está sujeta a plazos que pueden extenderse hasta 15 años, lo que dificulta el acceso público a datos que podrían ser relevantes para la rendición de cuentas del gobierno.
La creación de un subsistema de inteligencia penitenciaria también ha sido objeto de críticas, ya que se considera que la seguridad en las cárceles debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos y rehabilitación, en lugar de enfocarse únicamente en la vigilancia y el control.
La nueva Ley de Inteligencia en Ecuador representa un cambio significativo en la forma en que se aborda la seguridad nacional. Si bien su objetivo es combatir el crimen organizado y proteger la soberanía del país, las implicaciones para los derechos de los ciudadanos y la transparencia del sistema son temas que requieren un análisis crítico y un seguimiento continuo.
