La reciente aprobación de la Ley de Solidaridad en Ecuador ha generado un intenso debate en la Asamblea Nacional. Esta normativa, que entró en vigencia hace apenas siete días, ha sido objeto de críticas debido a inconsistencias en su redacción, lo que ha llevado a la Comisión de Desarrollo Económico a proponer reformas para corregir errores significativos. En este contexto, el nuevo indulto diferido se ha convertido en el centro de atención, planteando interrogantes sobre su aplicación y las implicaciones legales que conlleva.
### La Ley de Solidaridad y sus Implicaciones
La Ley de Solidaridad fue aprobada el 7 de junio de 2025, con el objetivo de abordar el conflicto armado interno en Ecuador. Sin embargo, a tan solo diez días de su entrada en vigencia, se identificaron errores en la redacción del texto, lo que ha llevado a la Comisión de Desarrollo a actuar rápidamente para corregirlos. Uno de los puntos más controvertidos es la figura del «indulto diferido», que inicialmente fue planteada por el presidente Daniel Noboa como un indulto anticipado.
El indulto diferido se define como una medida que suspende la prisión preventiva antes de que se emita una sentencia, pero que solo entrará en vigor una vez que la sentencia sea ejecutoriada. Este cambio ha suscitado críticas, ya que la reforma penal que incluye esta figura ha mantenido la denominación de «indulto anticipado», generando una discordancia entre la Ley de Solidaridad y el Código Integral Penal (COIP).
La Comisión de Desarrollo Económico ha decidido incluir una reforma al artículo 72 del COIP para sustituir el término «indulto anticipado» por «indulto presidencial con efecto diferido en el marco del conflicto armado interno». Esta modificación es crucial para asegurar que las normas sean coherentes y aplicables en el contexto del conflicto armado, pero aún queda por ver cuándo se implementará esta reforma y cómo afectará a los casos en curso.
### El Indulto Diferido: Controversias y Condiciones
El indulto diferido ha generado un amplio debate en la sociedad ecuatoriana, especialmente en lo que respecta a sus condiciones de aplicación. Según la Ley de Solidaridad, este indulto solo podrá ser otorgado por razones humanitarias o de interés público excepcional. Además, deberá estar respaldado por elementos recabados por la Fiscalía que demuestren que no se trata de delitos graves como genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro y homicidio por razones políticas.
Uno de los aspectos más polémicos de esta nueva figura es que, a pesar de su naturaleza excepcional, no impedirá la investigación penal ni una eventual declaración de responsabilidad del Estado en casos de violaciones al derecho humanitario. Esto ha llevado a que algunos sectores cuestionen la efectividad del indulto diferido, argumentando que podría ser utilizado de manera arbitraria o en beneficio de ciertos grupos.
Además, el caso de los militares involucrados en el caso Malvinas ha puesto de relieve las tensiones en torno a la aplicación de esta ley. Estos militares han solicitado hábeas corpus para revocar su prisión preventiva, invocando la Ley de Solidaridad como base para su solicitud. Este tipo de situaciones pone de manifiesto la complejidad del marco legal actual y la necesidad de una revisión exhaustiva de las reformas propuestas.
La situación se complica aún más con la presión social y política que rodea a la Asamblea Nacional. Los legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN) han celebrado la aprobación de la Ley de Solidaridad, pero también han expresado su preocupación por los errores en la redacción que han llevado a la necesidad de reformas adicionales. La rapidez con la que se están realizando estos cambios refleja la urgencia de abordar las inconsistencias y asegurar que la ley cumpla con su propósito original.
En este contexto, la sociedad ecuatoriana se encuentra dividida. Por un lado, hay quienes apoyan la Ley de Solidaridad como un paso necesario para abordar el conflicto armado y brindar justicia a las víctimas. Por otro lado, hay quienes critican la falta de claridad y coherencia en la legislación, temiendo que esto pueda llevar a abusos y a una aplicación desigual de la ley.
La situación actual en Ecuador pone de manifiesto la importancia de un marco legal claro y efectivo que no solo aborde las necesidades inmediatas del conflicto armado, sino que también garantice los derechos humanos y la justicia para todos los ciudadanos. A medida que la Asamblea Nacional continúa debatiendo y modificando la Ley de Solidaridad, será crucial que se tomen en cuenta las preocupaciones de la sociedad civil y se busque un equilibrio entre la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales.
