La contratación pública es un aspecto fundamental en la administración del Estado ecuatoriano, ya que permite la adquisición de bienes, servicios y obras necesarias para el funcionamiento de diversas entidades públicas. En 2024, el Estado gastó alrededor de USD 8.000 millones en compras públicas, lo que refleja la magnitud de este proceso. Sin embargo, este sistema enfrenta serios problemas de corrupción que han llevado al gobierno a proponer reformas urgentes.
### La Estructura del Sistema de Contratación Pública
El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) es el ente encargado de regular y supervisar las compras del Estado. Desde 2008, Ecuador ha implementado un sistema que incluye una plataforma tecnológica para gestionar los procesos contractuales. A pesar de estos avances, el sistema no ha logrado adaptarse a las necesidades actuales del país, lo que ha generado críticas sobre su eficiencia y efectividad.
La contratación pública se clasifica en diferentes regímenes: común, especial y otros procedimientos. En 2024, el régimen común representó el 69% de las compras, mientras que el régimen especial y otros procedimientos concentraron el 17% y el 14%, respectivamente. Los principales gastos se destinaron a servicios, bienes y obras, con un gasto significativo en consultorías y fármacos. Esta diversidad en los tipos de contratación refleja la complejidad del sistema y la necesidad de una gestión adecuada para evitar el mal uso de los recursos públicos.
Cada entidad pública, desde ministerios hasta hospitales y municipios, depende de la contratación pública para cumplir con sus funciones. Esto incluye la adquisición de materiales básicos, servicios de mantenimiento y la compra de insumos médicos, entre otros. En promedio, el Estado ecuatoriano realiza compras por más de USD 30 millones en cada día laborable, lo que subraya la importancia de un sistema de contratación eficiente y transparente.
### La Corrupción como Principal Desafío
La corrupción ha sido un problema persistente en el sistema de contratación pública en Ecuador. Se estima que entre el 10% y el 30% de los recursos destinados a proyectos financiados con dinero público se pierden debido a prácticas corruptas. Los sobreprecios, el direccionamiento de contratos, los sobornos y el tráfico de influencias son prácticas comunes que han socavado la confianza en el sistema.
Los escándalos de corrupción han afectado a todos los gobiernos en el país, y han sido especialmente notorios durante situaciones de emergencia, donde algunos funcionarios han aprovechado la situación para negociar contratos de mala calidad o que nunca se concretaron. Ejemplos de esto incluyen sobreprecios en la compra de insumos médicos durante la pandemia y contratos incumplidos para la provisión de energía. La falta de control manual sobre los miles de procesos contractuales que se ejecutan semanalmente ha contribuido a la impunidad y a la perpetuación de estas prácticas.
El gobierno de Daniel Noboa ha reconocido la necesidad de reformar el sistema de contratación pública para abordar estos problemas. La propuesta de reforma busca simplificar los procesos y modernizar el sistema, permitiendo que las entidades públicas elijan el mejor valor por dinero sin restricciones excesivas. Esto incluye la eliminación de subcategorías en la contratación y la reducción de tipos de contratación a solo dos categorías: por ínfima cuantía y por concurso público. Esta simplificación tiene como objetivo reducir el direccionamiento y la contratación ‘a dedo’, que han sido prácticas comunes en el pasado.
La implementación de estas reformas es crucial para restaurar la confianza en el sistema de contratación pública y garantizar que los recursos del Estado se utilicen de manera eficiente y transparente. Sin embargo, la efectividad de estas reformas dependerá de la voluntad política y del compromiso de las autoridades para combatir la corrupción en todas sus formas.
En resumen, la contratación pública en Ecuador es un sistema vital para el funcionamiento del Estado, pero enfrenta serios desafíos relacionados con la corrupción y la ineficiencia. Las reformas propuestas por el gobierno son un paso en la dirección correcta, pero se requiere un esfuerzo continuo para garantizar que el sistema opere de manera justa y efectiva, beneficiando a toda la ciudadanía.
