En Ecuador, la reciente renuncia de Diana Salazar como Fiscal General ha desencadenado un proceso de selección que ha sido objeto de críticas y cuestionamientos. La Comisión Cívica de Seguimiento del Concurso, formada por académicos, abogados y representantes de la sociedad civil, ha emergido como un actor clave en este proceso, buscando garantizar la transparencia y la legitimidad en la elección del nuevo fiscal. Este artículo explora los desafíos que enfrenta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en la designación de la nueva autoridad y las preocupaciones que han surgido en torno a este proceso.
La renuncia de Diana Salazar, quien dejó su cargo en mayo de 2025, ha dejado un vacío en la Fiscalía General del Estado. La Comisión Cívica, presentada el 3 de junio de 2025 en Quito, tiene como objetivo vigilar de manera independiente el proceso de selección del nuevo fiscal. Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, destacó la importancia de esta iniciativa, que busca levantar alertas y fomentar el debate público sobre el concurso. La participación de universidades y organizaciones de la sociedad civil, así como el respaldo de la Embajada de los Estados Unidos, refuerza la relevancia de este esfuerzo.
Uno de los puntos más críticos que ha surgido en este contexto es el reglamento que rige el proceso de elección del nuevo fiscal. Ocaña ha señalado que este documento excluye a abogados litigantes que hayan defendido casos relacionados con 36 tipos penales en los últimos diez años. Esta restricción ha generado preocupación, ya que podría limitar la participación de profesionales penalistas calificados. «¿Qué abogado penalista no ha defendido algún delito dentro de ese listado? Esto puede estar direccionado para beneficiar a fiscales, jueces o defensores públicos», advirtió Ocaña, reflejando así el descontento de la comunidad legal.
Además de las preocupaciones sobre la exclusión de abogados, el proceso de selección ha sido criticado por su lentitud. Marcelo Espinel, representante de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, ha señalado que el CPCCS ha acumulado más de un año de retraso en la designación de la nueva autoridad. El mandato de Salazar culminó el 8 de abril de 2025, y el Consejo no ha logrado tener lista una nueva autoridad para esa fecha. Espinel enfatizó que el Consejo comenzó tarde y aún no ha conformado la Comisión Ciudadana de Selección, lo que ha generado incertidumbre sobre el futuro de la Fiscalía.
La falta de claridad en el cronograma del proceso de selección también ha suscitado inquietudes. Ocaña ha expresado su preocupación de que el proceso podría extenderse hasta por nueve meses, lo que mantendría a Wilson Toainga en funciones subrogantes durante un período prolongado. Esta situación podría comprometer la eficacia de la Fiscalía en un momento crítico para el país, donde la lucha contra la corrupción y el crimen organizado es más relevante que nunca.
La Comisión Cívica no participará directamente en el Comité de Selección, pero llevará a cabo un monitoreo independiente de cada fase del concurso. Entre sus acciones, se contempla evaluar a los postulantes de manera paralela al Consejo de Participación y comparar los resultados. «Queremos ver si coinciden nuestras calificaciones con las del Consejo. Esa será una forma de medir la transparencia», afirmó Ocaña, subrayando la importancia de la rendición de cuentas en este proceso.
A pesar de las críticas y preocupaciones, aún existe la posibilidad de que el reglamento sea reformado. El CPCCS ha anunciado que convocará mesas técnicas para discutir posibles cambios, aunque no ha establecido un cronograma claro. Las organizaciones presentes en la Comisión Cívica temen que cualquier modificación responda más a presiones políticas que a criterios técnicos, lo que podría socavar aún más la legitimidad del proceso.
La situación actual en Ecuador refleja un momento crucial en la historia del país, donde la designación de un nuevo Fiscal General no solo impactará la administración de justicia, sino que también influirá en la percepción pública sobre la transparencia y la integridad de las instituciones. La participación activa de la sociedad civil, a través de la Comisión Cívica, es un paso importante hacia la construcción de un proceso más transparente y responsable. Sin embargo, el camino por delante está lleno de desafíos que deberán ser abordados con seriedad y compromiso por parte de todos los actores involucrados.
