El 2 de junio de 2025, el Gobierno de Ecuador, liderado por el presidente Daniel Noboa, anunció una serie de medidas económicas que buscan reestructurar el apoyo a ciertos sectores y aumentar la fiscalización en la minería. Estas decisiones, comunicadas por la nueva vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, tienen como objetivo optimizar el uso de recursos públicos y garantizar un desarrollo sostenible en el país.
**Eliminación del Subsidio al Diésel para el Sector Atunero**
Una de las medidas más destacadas es la eliminación del subsidio al diésel para el sector atunero. Este subsidio, que en 2024 representó un gasto de USD 42 millones, beneficiaba principalmente a un reducido número de empresas, específicamente 29, que absorbían el 60% de este apoyo económico. La decisión de retirar este subsidio se enmarca en un esfuerzo por redirigir esos recursos hacia programas sociales que beneficien a un mayor número de ciudadanos.
La portavoz del gobierno, Carolina Jaramillo, aclaró que esta eliminación no afectará al sector artesanal, lo que sugiere un intento de proteger a los pequeños productores de atún que dependen de este apoyo. Además, el Banco del Pacífico ha anunciado la extensión de líneas de crédito por un total de USD 42 millones, respaldadas por la Corporación Financiera Nacional (CFN), para que los atuneros puedan renovar sus flotas. Esta línea de crédito cubrirá hasta el 45% de los costos, con una tasa de interés del 6% anual, lo que podría facilitar la modernización de la industria atunera en el país.
**Creación de una Tasa de Fiscalización para la Minería**
Otra de las medidas significativas es la implementación de una tasa de fiscalización minera. Esta nueva tasa se aplicará a las actividades de explotación minera y tiene como objetivo asegurar que la minería en Ecuador se realice de manera sostenible. Según las estimaciones del gobierno, esta tasa podría generar alrededor de USD 229 millones anuales, los cuales se destinarían a fortalecer el control técnico y ambiental de las operaciones mineras, así como a prevenir la infiltración de mafias en el sector.
La creación de esta tasa es un paso importante hacia la regulación de la minería en el país, que ha sido objeto de críticas por su impacto ambiental y social. Además, el gobierno ha anunciado la reapertura del catastro minero, que había estado cerrado desde enero de 2018. Esta reapertura se llevará a cabo en varias etapas, comenzando el 16 de junio con la pequeña minería no metálica, seguida por la pequeña minería metálica en septiembre y la apertura total del catastro para finales de 2025.
**Auditorías a Empresas Públicas y Ajustes en Tarifas Eléctricas**
En un esfuerzo por aumentar la transparencia y la eficiencia en el uso de recursos públicos, el gobierno también ha decidido llevar a cabo auditorías en empresas estatales como Petroecuador, CNEL y CELEC. Estas auditorías serán realizadas por firmas internacionales reconocidas, como Deloitte, PWC y E&Y, y se centrarán en aspectos financieros, forenses y en la revalorización de activos. Este movimiento busca no solo mejorar la gestión de estas empresas, sino también restaurar la confianza del público en la administración pública.
Además, se han anunciado ajustes en las tarifas eléctricas para los sectores de alto y medio voltaje. Jaramillo enfatizó que estas modificaciones no afectarán a los hogares ecuatorianos, ya que las tarifas residenciales permanecerán intactas. Sin embargo, las grandes industrias verán un aumento en sus costos eléctricos, lo que podría tener un impacto significativo en su operación y competitividad.
**Impacto de las Nuevas Medidas en la Economía Ecuatoriana**
Las decisiones tomadas por el gobierno de Daniel Noboa reflejan un cambio en la política económica del país, buscando un equilibrio entre el apoyo a sectores estratégicos y la necesidad de generar ingresos para el Estado. La eliminación del subsidio al diésel y la creación de una tasa de fiscalización minera son pasos hacia una mayor sostenibilidad y responsabilidad en la gestión de recursos naturales.
Sin embargo, estas medidas también generan incertidumbre en algunos sectores, especialmente entre los atuneros que dependen del subsidio para su operación diaria. La efectividad de las nuevas líneas de crédito y la implementación de la tasa de fiscalización serán cruciales para determinar el éxito de estas políticas. A medida que el gobierno avanza en su agenda económica, será fundamental observar cómo estas decisiones impactan en la economía en general y en la vida de los ecuatorianos en particular.
