La situación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, ha captado la atención mediática y pública debido a su vinculación en el caso conocido como Triple A, que lo acusa de comercialización ilegal de combustibles en zonas fronterizas. En este contexto, su nuevo abogado, Ramiro García, ha tomado las riendas de la defensa, prometiendo una estrategia robusta para demostrar la inocencia de su cliente. García, un reconocido penalista y crítico del correísmo, ha expresado su compromiso con la defensa del alcalde, argumentando que no hay evidencia suficiente para sostener las acusaciones en su contra.
### La Contratación de Ramiro García: Un Cambio Estratégico
La decisión de Aquiles Alvarez de contratar a Ramiro García se produce en un momento crítico, tras la renuncia de varios abogados que previamente lo representaban. García ha declarado que su bufete revisó en un tiempo récord de cuatro días los 230 cuerpos del expediente, que suman aproximadamente 46,000 páginas. Este análisis exhaustivo es parte de su estrategia para preparar una defensa sólida. Según García, el enfoque no es simplemente ganar el caso, sino asegurar que se haga justicia, enfatizando que la falta de evidencia en el expediente debería llevar a un sobreseimiento.
El abogado ha argumentado que la representación legal de Alvarez en la empresa Copedesa, un consorcio de gasolineras, no implica responsabilidad directa sobre las acciones de cada estación de servicio. Esto es crucial, ya que la Fiscalía sostiene que la empresa vendió combustible subsidiado a estaciones que desviaron el producto a destinatarios no autorizados. García sostiene que, si una gasolinera operada por un tercero incurre en actividades ilegales, esto no puede ser imputado al alcalde, quien no tiene control administrativo sobre cada una de ellas.
### Estrategia de Defensa y Retos Legales
García ha señalado que la defensa se apoyará en los informes periciales que, según él, no encuentran evidencia del delito que se le imputa a Alvarez. A pesar de que la Fiscalía ha presentado varios informes contables y financieros, el abogado argumenta que estos no sostienen la acusación. La falta de pruebas concretas es un punto central en la defensa, y García se muestra optimista sobre la posibilidad de que el juez decida a favor de su cliente.
Sin embargo, el camino hacia la absolución no está exento de desafíos. La mediatización del caso ha generado un ambiente de juicio paralelo en redes sociales y medios de comunicación, lo que puede influir en la percepción pública y, potencialmente, en el proceso judicial. García ha manifestado que la atención mediática puede ser beneficiosa, ya que permite a la ciudadanía estar informada sobre los argumentos y evidencias presentadas en el juicio.
Además, la defensa se enfrenta a la presión de evitar que Alvarez sea sometido a medidas cautelares severas, como el uso de un grillete electrónico. García argumenta que, dado el estatus del alcalde y su compromiso con sus funciones, no hay necesidad de imponer restricciones adicionales que limiten su libertad de movimiento. Este argumento se basa en la premisa de que las medidas cautelares deben ser excepcionales y que la presentación periódica ante la Fiscalía es suficiente para garantizar su comparecencia.
García también ha abordado las críticas que ha recibido por asumir la defensa de Alvarez, especialmente en un contexto político tan polarizado. A pesar de sus opiniones sobre el correísmo, ha dejado claro que su enfoque es estrictamente técnico-jurídico, defendiendo el derecho a la defensa de su cliente sin dejarse influir por consideraciones políticas. Esta postura ha sido reafirmada en sus declaraciones, donde enfatiza que su compromiso es con la justicia y la inocencia de Alvarez.
En este entorno complejo, la defensa del alcalde de Guayaquil se presenta como un caso emblemático que no solo involucra cuestiones legales, sino también dinámicas políticas y sociales. La capacidad de García para navegar estos desafíos será crucial en las próximas etapas del proceso judicial, donde se espera que se presenten más evidencias y argumentos en la audiencia preparatoria de juicio. La atención del público y los medios seguirá siendo un factor determinante en el desarrollo de este caso, que podría tener repercusiones significativas en la política local y nacional.
