En Guayaquil, el transporte urbano enfrenta una crisis alarmante marcada por la extorsión y el abandono institucional. Los dirigentes de las cooperativas de transporte han alzado la voz, pero lo hacen desde el anonimato, temerosos de represalias por parte de grupos delictivos que operan en la ciudad. La situación ha llegado a un punto crítico donde los conductores y administradores se ven obligados a pagar «vacunas» para poder operar, lo que ha generado un ambiente de miedo y desconfianza.
La extorsión se ha convertido en una práctica común en las rutas de transporte urbano, donde los montos exigidos pueden alcanzar hasta USD 5.000 mensuales. Los transportistas han expresado su desesperación, afirmando que todos están obligados a pagar, pero nadie se atreve a hablar abiertamente por miedo a las consecuencias. «Nos conocen, nos matan», es una frase que resuena entre ellos, reflejando la gravedad de la situación.
### La Amenaza Constante de la Extorsión
Los testimonios de los dirigentes son desgarradores. Muchos de ellos han perdido compañeros en actos de violencia, y la inseguridad ha llevado a una disminución en la demanda de pasajeros, especialmente durante los fines de semana. La gente prefiere no salir, lo que ha impactado negativamente en las operaciones de las cooperativas. Actualmente, los buses urbanos transportan entre 500 y 700 pasajeros diarios, una cifra que se ha reducido drásticamente debido al miedo que sienten los ciudadanos.
La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades ha dejado a los transportistas en una situación desesperada. Ni el Municipio ni la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) han ofrecido soluciones concretas, lo que ha llevado a algunos a considerar la posibilidad de devolver sus contratos de operación. «Si no hay atención de la autoridad, ¿qué tenemos que hacer?», se preguntan, reflejando la frustración de un sector que se siente abandonado.
A pesar de las denuncias, el silencio oficial es abrumador. Los transportistas sienten que sus reclamos caen en oídos sordos, lo que permite que la extorsión y la violencia se normalicen. «Todo el mundo sabe lo que ocurre, tanto el Gobierno como el Municipio, pero nadie toma una decisión enérgica», lamentan.
### La Respuesta del Gobierno y la Policía
Ante esta alarmante situación, el ministro del Interior ha prometido intensificar las acciones contra las estructuras criminales que operan en la ciudad. Ha destacado la importancia de que las víctimas se acerquen a denunciar, incluso de forma anónima, y ha asegurado que se están tomando medidas para aumentar el personal en las unidades antisecuestro y antiextorsión. Sin embargo, los transportistas siguen siendo escépticos sobre la efectividad de estas promesas.
El coronel Víctor Hugo Ordóñez, comandante de la Zona 8, ha afirmado que las unidades especializadas están trabajando en la identificación de los responsables de las extorsiones, incluso sin denuncias formales. Sin embargo, la falta de confianza en el sistema judicial y la percepción de impunidad siguen siendo obstáculos importantes para que los transportistas se atrevan a denunciar.
La situación del transporte urbano en Guayaquil es un reflejo de un problema más amplio que afecta a la sociedad ecuatoriana. La violencia y la extorsión no solo impactan a los transportistas, sino que también afectan a los ciudadanos que dependen de este servicio para sus desplazamientos diarios. La falta de acción efectiva por parte de las autoridades ha llevado a un círculo vicioso de miedo y violencia que parece no tener fin.
Los transportistas de Guayaquil están en una encrucijada. Por un lado, deben cumplir con las exigencias de grupos delictivos para poder operar, y por otro, enfrentan la creciente presión de una ciudadanía que exige seguridad y un servicio de transporte confiable. La falta de garantías y la normalización de la extorsión han creado un ambiente insostenible que requiere atención urgente por parte de las autoridades competentes. Sin una solución efectiva, el futuro del transporte urbano en Guayaquil se presenta incierto, y la lucha por la seguridad y la dignidad de los trabajadores del sector continúa.
