La situación en el hospital Monte Sinaí de Guayaquil ha alcanzado un punto crítico, donde pacientes y veedores sociales claman por una intervención urgente del Estado. La creciente preocupación por la falta de medicinas e insumos, así como las irregularidades en la contratación de proveedores, han llevado a la comunidad a exigir cambios inmediatos en la gestión de esta unidad médica del Ministerio de Salud. La demanda de una depuración y control en el hospital se ha vuelto un clamor común entre los usuarios, quienes sienten que su derecho a la salud está siendo vulnerado.
### Irregularidades en la Contratación de Proveedores
Una investigación reciente ha revelado que la contratación de proveedores en el hospital Monte Sinaí está marcada por la concentración de contratos en manos de unos pocos grupos, muchos de los cuales tienen vínculos familiares o antecedentes en entidades públicas. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción (CNA), ha denunciado que estas empresas son seleccionadas de manera arbitraria, lo que ha generado un ambiente de corrupción y desconfianza. Según Rodas, “son empresas hechas a dedo, cada chico organiza una empresita, les entregan el contrato y los otros concursantes son despachados bajo amenaza”. Esta situación ha llevado a la CNA a publicar un listado de 11 hospitales públicos donde se han detectado irregularidades, siendo el Monte Sinaí uno de los más afectados.
La CNA ha identificado un total de 42 contrataciones irregulares en varios hospitales, de las cuales 21 corresponden al Monte Sinaí. La falta de transparencia en estos procesos ha suscitado la necesidad de una intervención más profunda por parte del Estado. La comunidad exige que se implementen mecanismos de control que garanticen la correcta utilización de los recursos públicos y la entrega de insumos médicos a los pacientes.
### Propuestas para Mejorar la Situación
Ante la crisis, diferentes actores han propuesto soluciones para mejorar la gestión del hospital Monte Sinaí. Manuel Defás, quien coordina el Observatorio de la Seguridad Social del Ecuador, ha sugerido la creación de un observatorio que vigile el manejo del hospital desde la sociedad civil. Defás argumenta que la corrupción en el sector salud tiene raíces profundas y que es necesario un cambio estructural en la forma en que se gestionan los hospitales. “La corrupción viene desde arriba, ponen las autoridades a dedo, ellos llegan no con el ánimo de servir, sino de formar parte del grupo operativo”, afirmó Defás.
Por su parte, Tania Zambrano, secretaria ejecutiva del Comité de Derechos Humanos y Sindicales (Cedhus), ha señalado que muchas de las irregularidades han sido denunciadas por los propios trabajadores del hospital. Zambrano ha enfatizado la necesidad de reformas en la ley de contratación pública para cerrar las brechas que permiten este tipo de corrupción. “La misión y el deber humano, moral, lo tiene la Asamblea Nacional, en hacer reformas a la ley de contratación pública para que se acaben este tipo de brechas”, sugirió.
Además, se ha cuestionado la función del Servicio de Contratación Pública (Sercop), que algunos representantes consideran parte del problema de corrupción. Germán Rodas ha señalado que el Sercop maneja códigos que varían y encubren las compras públicas, lo que dificulta la detección de irregularidades. Aunque Andrés Altamirano, director del Observatorio de Gasto Público del Ecuador, ha defendido la labor del Sercop, reconoce que la cantidad de procesos que manejan supera su capacidad de auditoría.
Mientras tanto, los pacientes del hospital Monte Sinaí continúan enfrentando una situación precaria. La indignación es palpable entre quienes esperan atención médica, y muchos han expresado su frustración ante la falta de acción por parte de las autoridades. “Por favor, el hospital Monte Sinaí, hasta cuándo existe una intervención del Estado”, reclamó un paciente recientemente.
La crisis en el hospital Monte Sinaí es un reflejo de problemas más amplios en el sistema de salud pública del país. La falta de transparencia, la corrupción en la contratación y la ineficiencia en la gestión son solo algunos de los desafíos que deben ser abordados para garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos. La intervención del Estado y la participación activa de la sociedad civil son fundamentales para revertir esta situación y asegurar que los recursos destinados a la salud sean utilizados de manera efectiva y ética.
