Las recientes declaraciones patrimoniales de los asambleístas de Ecuador han revelado una situación financiera preocupante para algunos de ellos. En el nuevo período legislativo que comenzó el 14 de mayo de 2025, se ha hecho evidente que varios legisladores enfrentan serias dificultades económicas, con un número significativo de ellos reportando un patrimonio negativo. Este artículo explora las cifras y las implicaciones de estas declaraciones, así como el contexto político que rodea a estos asambleístas.
### Situación Financiera de los Legisladores
Un análisis de las declaraciones patrimoniales de los 151 asambleístas ha mostrado que al menos nueve de ellos tienen un patrimonio negativo, lo que significa que sus deudas superan a sus activos. Este grupo incluye a seis miembros del movimiento Revolución Ciudadana, que es liderado por el expresidente Rafael Correa, y tres del oficialismo, ADN. La situación más crítica se observa en el caso de Ronal González, un asambleísta correísta de Los Ríos, quien reporta deudas por USD 150,000 y activos por solo USD 3,950, lo que resulta en un patrimonio negativo de USD 146,000. Esta cifra es alarmantemente similar a la que reportó hace dos años, lo que sugiere que su situación financiera no ha mejorado.
Otro asambleísta en una situación complicada es Jorge Luis Guevara, también de Los Ríos, pero del oficialismo. Guevara tiene deudas que ascienden a USD 153,000 y activos por USD 51,200, lo que le deja un patrimonio negativo de USD 101,000. La tercera posición en esta lista la ocupa Mireya Pazmiño, quien fue parte de Pachakutik y ahora se encuentra en las filas de Revolución Ciudadana. Pazmiño, conocida por su papel en el juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso, reporta deudas de USD 63,408 y activos de USD 17,254, resultando en un patrimonio negativo de USD 46,154.
La situación de Christopher Jaramillo, asambleísta por Santo Domingo de los Tsáchilas, también es preocupante. Con deudas de USD 300,008 y activos de solo USD 20,689, su patrimonio se sitúa en USD -9,319. Finalmente, Guillermo Mera, de Orellana, reporta deudas de USD 16,400 y activos de USD 11,760, lo que le deja con un patrimonio negativo de USD 4,639. Estos datos no solo reflejan la situación financiera de los legisladores, sino que también plantean preguntas sobre su capacidad para desempeñar sus funciones en la Asamblea Nacional.
### Implicaciones Políticas y Sociales
La revelación de que varios asambleístas tienen un patrimonio negativo puede tener repercusiones significativas en el ámbito político y social de Ecuador. En primer lugar, la percepción pública de la clase política podría verse afectada. Los ciudadanos suelen esperar que sus representantes tengan una situación financiera estable, y el hecho de que algunos de ellos estén lidiando con deudas significativas puede erosionar la confianza en el sistema político. Esto es especialmente relevante en un contexto donde la corrupción y la mala gestión financiera son temas recurrentes en la discusión pública.
Además, la situación financiera de estos legisladores podría influir en sus decisiones políticas y en la forma en que abordan las políticas públicas. Aquellos que enfrentan dificultades económicas pueden estar más inclinados a tomar decisiones que beneficien sus intereses personales en lugar de los de sus electores. Esto plantea un dilema ético, ya que los asambleístas deben actuar en beneficio de la ciudadanía, pero sus problemas financieros podrían nublar su juicio.
Por otro lado, la situación de los asambleístas también puede abrir un debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la política ecuatoriana. La necesidad de que los legisladores declaren sus bienes y deudas es fundamental para garantizar que actúen con integridad. Sin embargo, la falta de mecanismos efectivos para supervisar y sancionar a aquellos que no cumplen con estas obligaciones puede perpetuar un ciclo de impunidad.
En resumen, la situación financiera de los nuevos asambleístas de Ecuador es un reflejo de los desafíos que enfrenta el país en términos de gobernanza y confianza pública. A medida que estos legisladores asumen sus funciones, será crucial observar cómo manejan sus problemas financieros y si esto impacta en su capacidad para legislar de manera efectiva y ética.
