En un evento reciente celebrado en Guayaquil, alcaldes de 33 cantones de Ecuador se reunieron para expresar su descontento con el Gobierno central debido a los atrasos en las asignaciones financieras que les corresponden. Durante la firma de convenios entre la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), los alcaldes hicieron un llamado urgente al cumplimiento de las obligaciones financieras que el Estado tiene con ellos. Esta situación ha generado preocupación entre los líderes locales, quienes enfrentan dificultades para mantener los servicios básicos en sus municipios.
La reunión, que tuvo lugar en la Universidad Ecotec, se convirtió en un espacio para que los alcaldes expusieran sus quejas sobre la falta de pagos. José Intriago, alcalde de Junín, fue uno de los más vocales en su reclamo. En su intervención, Intriago solicitó al Gobierno que no tuvieran que «rogar» por las asignaciones que les corresponden. Según él, su municipio ha acumulado tres meses de impago, lo que representa cerca de un millón de dólares. Intriago también criticó lo que considera un trato desigual hacia los cantones que no están alineados políticamente con el Gobierno, afirmando que reciben un trato distinto al de aquellos que sí lo están.
Patricio Maldonado, presidente de la AME y alcalde de Nabón, respaldó las declaraciones de Intriago y explicó que la deuda total con los GAD asciende a aproximadamente 543 millones de dólares. Esta cifra incluye asignaciones del modelo de equidad territorial y valores pendientes desde 2023 y 2024. Maldonado destacó que la falta de pagos tiene consecuencias graves, como la incapacidad de pagar salarios, mantener sistemas de agua potable y cumplir con las obligaciones hacia proveedores. En su cantón, los pagos correspondientes a marzo y abril aún están pendientes, sumando más de 500,000 dólares.
A pesar de las quejas, Maldonado también mencionó que no todos los retrasos en los pagos se deben a razones políticas. Aseguró que algunos alcaldes de partidos diferentes al Gobierno han recibido sus recursos a tiempo, lo que sugiere que la situación puede ser más compleja de lo que parece. Jonatan Toro, alcalde de Montecristi, se unió a las demandas, señalando que su municipio tiene una deuda de 2.8 millones de dólares por asignaciones atrasadas. Toro enfatizó que esta situación afecta la planificación fiscal y la ejecución de proyectos municipales.
El evento no solo se centró en las quejas sobre los pagos, sino que también se concretó la entrega de aproximadamente 1.32 millones de dólares en recursos no reembolsables a los 33 municipios presentes. Además, se otorgaron insumos cartográficos a seis cantones para fortalecer la planificación y el ordenamiento territorial, así como la gestión del suelo y la prevención de riesgos. También se entregaron becas culinarias como parte de una agenda enfocada en el desarrollo local y la capacitación.
La situación financiera de los municipios ecuatorianos es crítica, y los alcaldes han dejado claro que necesitan una respuesta inmediata del Gobierno. La falta de recursos no solo afecta la operatividad de los municipios, sino que también pone en riesgo la calidad de vida de los ciudadanos que dependen de los servicios públicos. La AME ha manifestado su compromiso de seguir exigiendo el cumplimiento de las obligaciones del Estado, y los alcaldes están decididos a hacer escuchar sus voces en defensa de sus comunidades.
La presión sobre el Gobierno para que cumpla con sus compromisos financieros es cada vez mayor. Los alcaldes han comenzado a organizarse y a hacer frente común para exigir que se respeten sus derechos y se garantice el financiamiento necesario para el funcionamiento de sus municipios. La situación actual plantea un desafío significativo para la administración pública en Ecuador, donde la descentralización y la autonomía municipal son fundamentales para el desarrollo local.
Los próximos meses serán cruciales para determinar si el Gobierno responderá a las demandas de los alcaldes y si se implementarán medidas efectivas para resolver la crisis de financiamiento que afecta a los municipios. La comunidad espera que se logre un diálogo constructivo que permita encontrar soluciones a esta problemática y que se garantice el bienestar de los ciudadanos ecuatorianos.
