El 17 de mayo de 2025, el Gobierno de Ecuador, bajo la dirección de Daniel Noboa, presentó un nuevo Proyecto de Ley con carácter económico urgente, destinado a desarticular la economía criminal asociada al conflicto armado interno en el país. Esta iniciativa marca un hito significativo, ya que es la primera propuesta de ley económica urgente que Noboa presenta tras su reelección el 13 de abril de 2025. La Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para discutir y aprobar este proyecto, que busca establecer un marco jurídico claro para abordar la problemática del crimen organizado y sus efectos en la economía nacional.
El proyecto no solo se enfoca en la creación de un marco legal, sino que también incluye medidas económicas concretas que buscan incentivar la inversión y la recuperación económica en las áreas más afectadas por la violencia y el crimen. Entre las justificaciones para la implementación de estas medidas, el Gobierno destaca la necesidad de debilitar la economía paralela del crimen organizado y fomentar un entorno propicio para el desarrollo económico.
### Incentivos Fiscales para la Seguridad
Una de las medidas más destacadas del proyecto es la propuesta de incentivos fiscales para aquellos contribuyentes que realicen donaciones a favor de la Policía y las Fuerzas Armadas. Según la ley, los donantes podrán recibir una rebaja en el Impuesto a la Renta equivalente al valor de la donación, con un límite del 30% del impuesto causado. Esta medida tiene como objetivo no solo fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad, sino también fomentar la participación del sector privado en la lucha contra el crimen.
Sin embargo, el proyecto no especifica cuánto podría dejar de recibir el Estado en términos de recaudación fiscal, ya que esto dependerá del monto total de las donaciones realizadas. Además, es importante señalar que los equipos y suministros donados deben ser nuevos y estar en condiciones óptimas, lo que podría limitar la participación de algunos contribuyentes.
### Apoyo a la Ciudadanía y Reactivación Económica
La segunda medida propuesta en el proyecto de ley se centra en la creación de incentivos económicos para la ciudadanía, con el fin de reconstruir el tejido social afectado por las economías criminales. El Presidente tendrá la facultad de otorgar, de manera anual y discrecional, incentivos económicos a tres grupos específicos: pequeños y medianos productores del sector agroproductivo, jóvenes y adultos que busquen potenciar sus habilidades, y actores de la economía popular y solidaria, como artesanos y emprendedores.
Estos incentivos se ejecutarán a través de un decreto ejecutivo y están diseñados para promover la reactivación económica y asegurar la continuidad de las actividades productivas en las comunidades más vulnerables. Aunque el proyecto no menciona un monto específico del presupuesto que se destinará a estos incentivos, establece que cualquier gasto adicional deberá contar con el dictamen favorable del Ministerio de Finanzas.
Además, se contempla que el Bloque de Seguridad, en coordinación con el Ministerio de Finanzas y otras entidades, evaluará anualmente el impacto económico de la ley y su alineación con el Plan Anual de Inversiones y el Presupuesto General del Estado. Esto sugiere un enfoque integral que busca no solo combatir el crimen, sino también promover un desarrollo sostenible y equitativo en las zonas más afectadas por la violencia.
### Implicaciones y Desafíos
La implementación de este proyecto de ley podría tener un impacto significativo en la economía ecuatoriana, especialmente en las regiones que han sido más golpeadas por el conflicto armado y el crimen organizado. Sin embargo, también plantea varios desafíos. La falta de claridad en cuanto a la cantidad de recursos que se destinarán a los incentivos económicos y la dependencia de las donaciones para la seguridad podrían generar incertidumbre en el sector privado y en la población en general.
Además, la efectividad de estas medidas dependerá en gran medida de la capacidad del Gobierno para implementar y supervisar adecuadamente los programas de incentivos, así como de la colaboración entre el sector público y privado. La participación activa de la ciudadanía y la confianza en las instituciones serán fundamentales para el éxito de esta iniciativa.
En resumen, el nuevo Proyecto de Ley presentado por el Gobierno de Daniel Noboa representa un esfuerzo significativo por abordar la economía criminal en Ecuador. A través de incentivos fiscales y apoyo a la ciudadanía, se busca no solo desarticular las redes del crimen organizado, sino también fomentar un entorno económico más saludable y sostenible para todos los ecuatorianos.
