La reciente instalación de la Asamblea Nacional en Ecuador ha puesto de manifiesto la diversidad patrimonial de sus nuevos miembros. En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales, los 151 legisladores han presentado sus declaraciones patrimoniales ante la Contraloría General del Estado. Este ejercicio no solo es un requisito legal, sino que también ofrece una visión clara de las realidades económicas de quienes ocupan cargos públicos. A continuación, se examinan las cifras y las historias detrás de estas declaraciones, revelando un panorama financiero variado que va desde grandes fortunas hasta deudas significativas.
**Patrimonios Elevados: Los Legisladores Más Acaudalados**
Entre los nuevos asambleístas, 13 han declarado un patrimonio superior a USD 1 millón, lo que destaca un contraste notable con sus colegas. El legislador que reporta el patrimonio más alto es Eduardo Mendoza, quien ha declarado un total de USD 30,8 millones. Aunque esta cifra es inferior a los USD 60 millones que reportó en 2023, sigue siendo considerable. La disminución en su patrimonio podría atribuirse a la venta de varios vehículos que poseía, lo que sugiere un ajuste en su situación financiera.
El segundo lugar en esta lista lo ocupa Manuel Blacio, un empresario bananero de El Oro, quien ha declarado un patrimonio de USD 10,1 millones. Blacio, conocido por su cercanía con la familia Noboa, también ha reportado un significativo número de propiedades, lo que refuerza su posición económica en la región.
Annabella Azín, madre del actual presidente Daniel Noboa, se encuentra en el tercer lugar con un patrimonio de USD 10,1 millones, además de ser la legisladora con el mayor monto en cuentas bancarias, alcanzando USD 3,3 millones. Su declaración incluye una casa valorada en USD 4,82 millones, lo que la coloca entre los asambleístas más acaudalados del país.
La variedad de bienes muebles también es notable, con Mendoza y Blacio liderando en esta categoría. Mendoza ha declarado más de 25 vehículos, incluyendo camiones y tractores, mientras que Blacio ha reportado ganado por un valor de USD 388,000. Este tipo de activos refleja no solo su riqueza, sino también su conexión con sectores productivos importantes en el país.
**Desigualdades Financieras: Legisladores Endeudados**
Sin embargo, no todos los asambleístas disfrutan de una situación financiera cómoda. Nueve de ellos han declarado un patrimonio negativo, lo que significa que sus deudas superan a sus activos. Un caso destacado es el de Ronal González, quien reporta un patrimonio de USD -146,000, una cifra que se mantiene constante desde su declaración anterior en 2023. Este tipo de situaciones plantea interrogantes sobre la capacidad de estos legisladores para gestionar sus finanzas personales y, por extensión, su capacidad para legislar de manera efectiva.
Otro asambleísta en una situación similar es Jorge Luis Guevara, con un patrimonio de USD -101,000. La presencia de legisladores con deudas significativas en la Asamblea Nacional es un recordatorio de que la riqueza no es un prerrequisito para el servicio público, pero también plantea preocupaciones sobre la estabilidad financiera de quienes toman decisiones que afectan a la nación.
Además, hay casos extremos de jóvenes legisladores que han declarado patrimonios muy bajos. Isaac Solano, de 24 años, reportó un patrimonio de cero, mientras que Camila Cueva, de 22 años, declaró tener solo USD 84 en su cuenta bancaria. Estos ejemplos subrayan la diversidad de experiencias y situaciones que coexisten dentro de la misma institución.
La Contraloría General del Estado tiene la responsabilidad de examinar estas declaraciones patrimoniales, lo que podría llevar a un escrutinio más profundo sobre la situación financiera de los legisladores. Este proceso no solo es crucial para la transparencia, sino que también puede influir en la percepción pública sobre la integridad de quienes ocupan cargos de poder.
La instalación de la nueva Asamblea Nacional no solo marca el inicio de un nuevo ciclo legislativo, sino que también abre la puerta a un análisis más profundo sobre la relación entre la riqueza personal y el servicio público. A medida que los legisladores comienzan a trabajar en sus respectivas comisiones y proyectos de ley, la atención se centrará no solo en sus decisiones políticas, sino también en cómo sus situaciones financieras pueden influir en su desempeño y en la confianza del público en la institución.
