La reciente decisión de la Corte Provincial de Justicia del Guayas ha marcado un hito en el ámbito judicial ecuatoriano, al ratificar la condena de 25 años de prisión impuesta a Roberto Eliud Campos Crespo, conocido como ‘El Martillador’. Este fallo se produce tras la apelación presentada por el condenado, quien fue hallado culpable del asesinato de su exenamorada, María Fernanda Fernández de Córdoba, un crimen que conmocionó al país en 2011.
El caso, que tuvo lugar en un departamento de Lomas de Urdesa, Guayaquil, se caracteriza por la brutalidad del ataque. Según las investigaciones, la joven de 21 años fue asesinada tras recibir 29 golpes con un martillo. La violencia del crimen y la posterior fuga de Campos Crespo, quien estuvo prófugo durante varios años, han mantenido el interés público en este caso, que ha sido emblemático en la lucha contra la violencia de género en Ecuador.
La captura de ‘El Martillador’ se produjo en Perú en abril de 2023, desde donde fue extraditado a Ecuador. En octubre de 2024, fue sentenciado a 25 años de prisión, pero su defensa decidió apelar la sentencia. Sin embargo, el tribunal, en una decisión unánime, rechazó la apelación el 15 de mayo de 2025, reafirmando la condena y la gravedad del delito.
La madre de la víctima, María Flores, ha expresado su confianza en el sistema judicial y su deseo de que la condena se cumpla en su totalidad. «Voy a seguir en la lucha hasta que termine todo esto y ya esté totalmente ratificado que él va a cumplir los 25 años y que va a estar en la cárcel donde corresponde», declaró en una entrevista. Además, la familia de la víctima ha solicitado el traslado de Campos Crespo desde la cárcel de El Inca, en Quito, hacia la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, donde se cometió el crimen.
Este caso ha resaltado la necesidad de un enfoque más riguroso en la lucha contra la violencia de género en Ecuador. En 2011, cuando ocurrió el asesinato, no existía el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica el femicidio. La falta de legislación específica en ese momento ha llevado a un debate sobre la protección de las mujeres y la necesidad de reformas legales que fortalezcan las sanciones para los agresores.
La violencia de género es un problema persistente en Ecuador, y este caso ha sido un catalizador para que la sociedad y las autoridades tomen medidas más efectivas. La ratificación de la condena de ‘El Martillador’ es vista como un paso positivo hacia la justicia y un mensaje claro de que la violencia contra las mujeres no será tolerada.
En el contexto de la violencia en el país, la reciente ola de ataques con explosivos en diferentes barrios de Guayaquil ha generado un clima de temor entre los ciudadanos. La población se siente insegura y preocupada por la falta de tranquilidad en sus comunidades. Este tipo de violencia, que se suma a los casos de femicidio y otros delitos violentos, ha llevado a un llamado a las autoridades para que implementen medidas más efectivas de seguridad y prevención.
La lucha contra la violencia de género y la criminalidad en Ecuador es un desafío que requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad. La educación, la sensibilización y el fortalecimiento de las leyes son fundamentales para erradicar estas problemáticas. La historia de María Fernández y la condena de ‘El Martillador’ son un recordatorio de la importancia de seguir trabajando en pro de una sociedad más justa y segura para todos.
La familia de la víctima, así como diversas organizaciones de derechos humanos, continúan abogando por un cambio en la percepción y el tratamiento de la violencia de género en el país. La visibilidad de estos casos en los medios de comunicación y en la opinión pública es crucial para mantener la presión sobre las autoridades y asegurar que se tomen las acciones necesarias para proteger a las mujeres y garantizar que los agresores enfrenten las consecuencias de sus actos.
