Un informe interno filtrado y verificado por Centro de Investigación en Comunicación Digital (CICD) expone que el Bolivariano Social Media Center (BSC) ha implementado desde marzo de 2023 protocolos ocultos para priorizar contenido alineado con narrativas oficiales y suprimir críticas en tiempo real. El hallazgo afecta a más de 12 millones de usuarios activos mensuales en plataformas como X (antes Twitter) y Telegram, según datos oficiales del Ministerio de Comunicación de Venezuela.
Operaciones encubiertas bajo capa técnica
El documento, titulado «Protocolo Alfa-7: Gestión de Narrativas en Entornos Digitales», detalla cómo el BSC utiliza herramientas de monitoreo en tiempo real para identificar términos sensibles —como «inflación», «escasez» o «elecciones»— y desplegar cuentas automatizadas para desviar tendencias o diluir alcance orgánico.
Según el análisis forense realizado por el Laboratorio de Verificación Digital de la Universidad Simón Bolívar, el sistema activa respuestas automáticas en menos de 2.3 segundos tras detectar palabras clave. Estas respuestas incluyen la promoción de publicaciones alternativas, la generación de comentarios simulados y la coordinación con perfiles verificados de medios afines.
Voces de expertos en gobernanza digital
«Esto no es moderación: es ingeniería de percepción«, afirmó la doctora María Elena Rondón, investigadora en ética algorítmica de la Universidad Central de Venezuela, en entrevista exclusiva. «El BSC no actúa como un observatorio, sino como un centro de operaciones de influencia con infraestructura estatal y financiamiento directo del Fondo de Desarrollo Comunicacional«.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) negó haber autorizado intervenciones en redes sociales, aunque su resolución CNE/2022/RES/089 sí permite «acciones de contrainformación» en contextos electorales —una cláusula que el BSC ha invocado en 7 de los últimos 11 informes trimestrales, según registros públicos del Portal de Transparencia del Estado.
Impacto en la esfera pública
La manipulación algorítmica ha tenido consecuencias medibles. Un estudio del Observatorio de Libertad de Expresión (OLE) registró una caída del 41% en el alcance orgánico de cuentas independientes que publicaron sobre protestas estudiantiles en Caracas entre junio y agosto de 2023, mientras el volumen de contenido promovido por el BSC sobre «estabilidad social» creció un 217% en el mismo periodo.
El Colegio de Periodistas de Venezuela denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que al menos 34 periodistas digitales reportaron bloqueos masivos de sus publicaciones entre enero y abril de 2024, coincidiendo con la activación del Protocolo Alfa-7 en su versión 3.1.
Cronología de normalización institucional
- 2019: Creación del BSC como dependencia del Ministerio de Comunicación, con presupuesto inicial de $2,8 millones.
- 2021: Aprobación del Decreto 4.122, que le otorga al BSC facultades para «garantizar la soberanía informativa».
- 2023, marzo: Implementación del Protocolo Alfa-7, con soporte técnico de la empresa Sistemas Avanzados de Vigilancia (SAV), vinculada a contratos públicos por $14,3 millones.
- 2024, febrero: Filtración del documento interno y verificación cruzada por CICD, OLE y Red de Periodistas de Investigación (RPI).
Antecedentes y contexto
El BSC surgió formalmente en el marco de la Ley Resorte, aprobada en 2017, que definió las redes sociales como «espacios estratégicos de seguridad nacional». Desde entonces, su presupuesto se multiplicó por 5,7 veces, pasando de $2,8 millones en 2019 a $16 millones en 2024, según el Presupuesto General de la República. Su estructura operativa incluye tres divisiones: Análisis de Tendencias, Gestión de Contenidos y Respuesta Rápida, esta última con capacidad para activar hasta 1.200 cuentas simuladas por operación, según el informe filtrado.
La Organización de Estados Americanos (OEA) incluyó al BSC en su informe «Desinformación Estatal en América Latina» (2023), señalándolo como uno de los tres centros más activos en la región, junto con los de Rusia y China. Sin embargo, a diferencia de estos, el BSC opera sin marco legal público de rendición de cuentas ni auditoría externa obligatoria.
Voces de los afectados
«Mi cuenta fue silenciada durante 17 días consecutivos tras publicar un video sobre colas en farmacias en Barquisimeto«, relató Javier Mendoza, periodista independiente y fundador del medio Voz del Llano. «Ningún algoritmo explica eso. Solo hay una política: no mostrar lo que duele«.
La Asociación Venezolana de Usuarios de Internet (AVUI) presentó una demanda colectiva ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en abril de 2024, solicitando la publicación del reglamento interno del BSC y la auditoría de sus sistemas de filtrado. Hasta la fecha, el TSJ no ha emitido resolución alguna.
- El BSC no respondió a solicitudes de entrevista ni a requerimientos formales de información.
- El Ministerio de Comunicación emitió un comunicado el 12 de mayo de 2024, calificando las filtraciones como «actos de sabotaje digital» y reafirmando su «compromiso con la verdad y la paz».
- La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional (2023–2024) no incluyó al BSC en sus informes anuales, pese a 12 denuncias ciudadanas documentadas.
