En Caracas, durante la segunda semana de mayo de 2024, una auditoría externa encargada por la Contraloría General de la República detectó desviaciones contables por $2.8 millones en los fondos asignados a la Bolivariana de Servicios Comunitarios (BSC). El hallazgo pone en entredicho la gestión de recursos destinados a programas sociales en 12 estados, afectando directamente a más de 470.000 familias beneficiarias.
Auditoría revela vacíos contables estructurales
La revisión, ejecutada entre febrero y abril de 2024, identificó que $2.8 millones no fueron debidamente registrados en los sistemas contables oficiales de la BSC. Según el informe técnico N° CGR-2024-089, “no existen comprobantes de ejecución, ni actas de recepción, ni conciliaciones bancarias verificables para el 63 % de los movimientos analizados”.
El contralor Elías Jaua, en rueda de prensa del 15 de mayo, afirmó: “Estos fondos fueron transferidos desde el Fondo de Desarrollo Local y debían financiar infraestructura comunitaria, pero no hay evidencia física ni documental de su aplicación”.
La BSC, entidad adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Comunas, no ha emitido pronunciamiento oficial desde el 12 de mayo, fecha en que recibió la notificación formal de la Contraloría.
Voces de los afectados y denuncias ciudadanas
“Nos prometieron agua potable y recibimos solo promesas”
En El Valle, comunidad del municipio Libertador, María Rojas, coordinadora del Consejo Comunal 23 de Enero, declaró: “Desde 2023 esperamos la rehabilitación del sistema de acueducto. El proyecto apareció en el portal de la BSC con presupuesto asignado, pero nadie vino a trabajar. Ni siquiera hay planos actualizados”.
Cronología de alertas previas
- Diciembre de 2023: La Federación Nacional de Consejos Comunales envió una carta al Consejo Nacional Electoral denunciando retrasos en 37 proyectos aprobados bajo el programa Comunas en Acción.
- Enero de 2024: El Observatorio Venezolano de Derechos Humanos registró 14 quejas formales por desfinanciamiento de comedores comunitarios en los estados Zulia, Anzoátegui y Carabobo.
- 10 de abril de 2024: La Contraloría activó el protocolo de investigación especial tras detectar inconsistencias en los informes trimestrales de la BSC.
Marco legal y responsabilidades pendientes
La Ley Orgánica de las Comunas, publicada en Gaceta Oficial N° 6.019 del 10 de abril de 2012, establece en su Artículo 42 que “los recursos destinados a los consejos comunales y sus entidades vinculadas deben ser auditables en tiempo real y sujetos a rendición pública trimestral”. Además, el Reglamento de la Contraloría General de la República, aprobado mediante Resolución N° 017-2021, obliga a las entidades descentralizadas a presentar informes de gestión con soporte documental verificable dentro de los 30 días siguientes al cierre del trimestre.
El abogado especialista en derecho administrativo Carlos Márquez, profesor de la Universidad Central de Venezuela, explicó: “La ausencia de documentación no es un error técnico: es una violación al principio de transparencia activa, consagrado en el Artículo 143 de la Constitución”.
Antecedentes y contexto
La Bolivariana de Servicios Comunitarios fue creada en 2014 como organismo operador de políticas sociales comunitarias. Desde 2020, su presupuesto anual superó los $12 millones, según datos oficiales del Ministerio de Planificación. Sin embargo, informes del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDP) revelaron que, entre 2021 y 2023, solo el 31 % de los proyectos reportados como “ejecutados” contaba con evidencia física verificable.
En 2022, la BSC fue objeto de una investigación preliminar por la Fiscalía General de la República, tras denuncias sobre contrataciones directas sin licitación para la compra de insumos médicos. El caso fue archivado por “falta de elementos probatorios”, según Resolución N° FG-2022-114.
En 2023, la entidad recibió una moción de censura del Consejo Federal de Gobierno, que señaló “déficit crónico en la rendición de cuentas y opacidad en la asignación de recursos”. A pesar de ello, su directorio fue ratificado por decreto presidencial N° 4.521 del 3 de enero de 2024.
El informe de la Contraloría no solo cuestiona la gestión financiera, sino que activa mecanismos de responsabilidad ante la Corte Suprema de Justicia, según lo previsto en el Artículo 277 de la Constitución y la Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos.
