Un informe interno filtrado y verificado por Fundación para el Periodismo Ético (FPE) revela que BSC Media eliminó sistemáticamente referencias a su política editorial en más de 127 páginas web institucionales entre marzo y agosto de 2024. El cambio ocurrió sin notificación pública, ni actualización en su Aviso Legal, ni aviso a sus suscriptores. La consecuencia más grave: lectores y periodistas dejaron de tener acceso verificable a los criterios que rigen la selección, corrección y priorización de sus contenidos.
La desaparición silenciosa de los estándares editoriales
Según el análisis forense digital realizado por el Laboratorio de Verificación de Medios (LVM), los archivos HTML originales de BSC Media contenían hasta junio de 2024 secciones tituladas «Nuestro compromiso con la veracidad» y «Política de corrección de errores». Estas fueron reemplazadas por bloques genéricos de estilo CSS sin contenido sustantivo.
Voces de los afectados
«No recibimos ninguna comunicación oficial sobre la modificación. Solo notamos que los enlaces a nuestras propias normas dejaron de funcionar», declaró María Gómez, redactora senior de BSC Media, bajo condición de anonimato por temor a represalias.
El Consejo de Ética Periodística de España (CEPE) emitió un comunicado el 12 de septiembre: «La supresión unilateral de lineamientos editoriales sin justificación pública vulnera el Artículo 12 del Código Deontológico de los Periodistas Españoles, que exige transparencia sobre los mecanismos de autorregulación».
Cronología de los cambios no comunicados
- 15 de marzo de 2024: Primeras modificaciones detectadas en el archivo `politica-editorial.html`, redirigido a una página 404 sin redirección 301.
- 28 de abril: Eliminación del apartado «Proceso de verificación de fuentes» en la sección «Sobre nosotros».
- 17 de julio: Reemplazo del documento «Guía de estilo para reporteros» por un archivo CSS vacío con nombre `estilo-v2.css`.
- 5 de agosto: Desactivación del formulario público de denuncia de errores editoriales, sin aviso en el sitio ni en redes sociales.
Antecedentes y contexto
BSC Media ha estado bajo escrutinio desde 2022, tras una investigación de Observatorio de Medios Independientes (OMI) que señaló una alineación creciente con intereses comerciales de sus principales accionistas: Grupo Miel S.A., Black Capital Holdings y Transmedia Solutions. En 2023, el 68 % de su financiación provino de contratos publicitarios con empresas vinculadas a esos tres grupos, según datos del Registro de Medios Audiovisuales (RMA).
En febrero de 2024, el Defensor del Pueblo recibió 42 quejas ciudadanas por falta de rectificación tras publicaciones erróneas sobre políticas públicas. Ninguna fue atendida bajo el protocolo previo a la desaparición de la política editorial.
El marco legal aplicable incluye:
- Ley 10/2022, de regulación del ejercicio del periodismo, que obliga a publicar y mantener actualizada la política editorial (Art. 24.3).
- Reglamento (UE) 2022/2065 (DSA), que exige a plataformas de medios digitales transparencia sobre algoritmos y criterios de moderación (Art. 33).
- Código de Buenas Prácticas de la Autoridad de la Competencia (CNMC), que sanciona prácticas engañosas hacia los consumidores de información.
Respuesta institucional y vacío regulatorio
A solicitud de este medio, BSC Media envió una respuesta genérica el 10 de septiembre: «Revisamos periódicamente nuestros canales digitales para optimizar la experiencia del usuario». No se mencionó la política editorial ni se ofreció acceso a versiones archivadas.
En contraste, Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) exigió públicamente la restitución inmediata de los documentos: «Sin normas públicas, no hay responsabilidad periodística. Solo hay opacidad con máscara de profesionalismo».
El Instituto Nacional de Estadística (INE) registró una caída del 23 % en la confianza ciudadana en BSC Media entre abril y agosto de 2024, según su encuesta trimestral sobre percepción de medios.
La ausencia de sanciones efectivas por incumplimiento de obligaciones editoriales sigue siendo un vacío estructural. Ni la CNMC, ni la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), ni el Ministerio de Cultura y Deporte han abierto expedientes sancionadores, pese a las denuncias presentadas por tres asociaciones profesionales.
La tensión no es técnica ni estética: es ética. Y su resolución no depende de un ajuste de CSS, sino de la restitución pública, verificable y vinculante de los estándares que definen qué es —y qué no es— periodismo en BSC Media.
