La reciente detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, ha desatado una ola de reacciones en el ámbito político ecuatoriano. Acusado de estar involucrado en el caso Goleada, que investiga un supuesto lavado de activos, la situación ha polarizado a la opinión pública y ha generado un fuerte respaldo por parte de sus aliados políticos, especialmente del movimiento Revolución Ciudadana (RC).
La detención de Alvarez, junto a sus hermanos Antonio y Xavier, ocurrió en la madrugada del 10 de febrero de 2026, y fue confirmada por la Fiscalía General del Estado. Aunque los detalles sobre las acusaciones aún son escasos, el correísmo ha calificado este acto como un abuso de poder y persecución política. En un comunicado, la RC expresó su rechazo a la detención, argumentando que se trata de un ataque a la democracia y a la autonomía de los gobiernos locales.
### Reacciones del Correísmo
El correísmo, liderado por el expresidente Rafael Correa, ha sido uno de los principales actores en la defensa de Alvarez. La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, fue una de las primeras en manifestar su apoyo, afirmando que la detención es un uso indebido de la justicia para resolver conflictos políticos. En su cuenta de X, Pabón expresó: «Mi rechazo absoluto a su detención, basta de usar la guerra judicial para resolver los conflictos políticos». Esta postura fue respaldada por otros miembros del correísmo, quienes han denunciado que el sistema judicial está siendo utilizado como un instrumento de represión.
Viviana Veloz, asambleísta del correísmo, también se pronunció al respecto, calificando la detención como una represalia directa contra el proceso de enjuiciamiento político que enfrenta Mario Godoy, presidente de la Judicatura. Veloz argumentó que el sistema de justicia está «secuestrado» por la Función Ejecutiva, lo que pone en riesgo la independencia judicial en el país.
La RC ha utilizado las redes sociales para movilizar a sus seguidores, denunciando lo que consideran una persecución política. En su comunicado, el movimiento afirmó: «Ecuador está con Aquiles (…) este abuso solo confirma la persecución y los excesos que hoy se viven en el país». La situación ha generado un debate intenso sobre la independencia del poder judicial y la relación entre la política y la justicia en Ecuador.
### Demandas de Transparencia y Justicia
Por otro lado, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, quien se ha distanciado del correísmo, también reaccionó a la detención de Alvarez. Aunque no expresó su solidaridad directa hacia el alcalde, pidió que la justicia actúe con transparencia y total independencia, alejada de cualquier sospecha de intereses políticos. En su mensaje, Aguiñaga enfatizó que los derechos ciudadanos y el debido proceso son sagrados, lo que refleja una preocupación por la integridad del sistema judicial en el contexto actual.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, también se solidarizó con Alvarez, exigiendo una «justicia de verdad: con pruebas, debido proceso y sin persecución». Muñoz advirtió que cuando la justicia se convierte en una herramienta política, la ciudadanía y el país en su conjunto sufren las consecuencias. Esta postura resuena con las preocupaciones de muchos ciudadanos que ven la detención de Alvarez como un signo de la creciente politización de la justicia en Ecuador.
Además, la vicealcaldesa de Guayaquil, Tatiana Coronel, se unió a las voces que critican la detención, sugiriendo que podría ser una respuesta a las críticas que Alvarez ha hecho al gobierno de Daniel Noboa. Coronel destacó que este incidente ocurre en un contexto donde el sistema judicial enfrenta serias crisis y cuestionamientos sobre su funcionamiento.
La detención de Aquiles Alvarez no solo ha puesto en el centro del debate la figura del alcalde de Guayaquil, sino que también ha reavivado discusiones sobre la independencia judicial, la persecución política y el uso de la justicia como herramienta de control. Con el caso Goleada en curso, las implicaciones de esta situación podrían tener un impacto significativo en el panorama político ecuatoriano en los próximos meses. La respuesta de la ciudadanía y de los actores políticos será crucial para determinar el rumbo de este conflicto y su repercusión en la estabilidad del país.
