En el marco de la convención de la Revolución Ciudadana, celebrada el 17 y 18 de enero de 2026, Luisa González, excandidata presidencial del correísmo, se encontró en el centro de una controversia electoral. Durante este evento, no solo dejó su cargo como presidenta del movimiento, sino que también recibió una notificación del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre un proceso en su contra por presunta infracción electoral. Este hecho ha generado un amplio debate sobre la transparencia y la legalidad de los procedimientos electorales en Ecuador.
La notificación del TCE a González no fue un simple trámite. Desde finales de noviembre de 2025, el tribunal había intentado sin éxito localizar a la excandidata para informarle sobre la denuncia presentada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint. A pesar de que se proporcionaron varias direcciones, ninguna coincidía con su residencia actual, lo que complicó el proceso de notificación. Esta situación ha suscitado interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de comunicación del TCE y su capacidad para llevar a cabo procesos de esta naturaleza.
### La Respuesta de Luisa González
El 23 de enero de 2026, Luisa González y su abogado presentaron un escrito al TCE solicitando la nulidad del proceso. En su defensa, argumentaron que la notificadora del tribunal se había acercado a ella bajo falsos pretextos, afirmando que lo hizo para tomarse una fotografía. González sostiene que no recibió ninguna documentación relacionada con la citación, lo que, según su perspectiva, vulnera su derecho a la defensa. La excandidata argumenta que no se le ha proporcionado el tiempo ni los recursos necesarios para prepararse adecuadamente y conocer el expediente en su contra.
Este tipo de alegaciones no son nuevas en el ámbito político ecuatoriano, donde las disputas legales y las acusaciones de irregularidades son frecuentes. La situación de González se complica aún más por el contexto en el que se desarrolla, ya que el correísmo ha enfrentado múltiples desafíos desde las elecciones presidenciales anticipadas de 2023, donde las cuentas de campaña de varios de sus candidatos fueron objeto de escrutinio.
### La Posición del Tribunal Contencioso Electoral
El TCE, por su parte, ha defendido su proceder. Según el tribunal, la notificadora se identificó claramente y le informó a González sobre la entrega de la citación. Sin embargo, la excandidata se habría negado a recibir los documentos, lo que fue corroborado por la funcionaria del TCE. Esta situación ha llevado a la jueza Ivonne Coloma, encargada del caso, a expresar su preocupación por las acciones que podrían estar destinadas a obstaculizar el desarrollo del proceso jurisdiccional.
Coloma ha dejado claro que no tolerará actos que interfieran con las citaciones y notificaciones, y ha advertido que se reserva el derecho de tomar las acciones necesarias ante las autoridades competentes. Esta postura del TCE pone de manifiesto la tensión existente entre las instituciones electorales y los actores políticos, especialmente en un contexto donde la confianza en el sistema electoral es crucial para la estabilidad democrática del país.
A pesar de las dificultades, Luisa González y su defensa han respondido a la denuncia, negando las acusaciones y anunciando que presentarán pruebas documentales y testimoniales para respaldar su posición. Este enfrentamiento no solo pone en juego la reputación de González, sino que también podría tener repercusiones significativas para el correísmo en su conjunto, especialmente en un periodo electoral tan crítico.
La situación actual refleja un momento tenso en la política ecuatoriana, donde las acusaciones de infracciones electorales, la falta de comunicación efectiva entre las instituciones y la defensa de los derechos de los candidatos se entrelazan en un escenario complejo. A medida que avanza el proceso, será fundamental observar cómo se desarrollan los acontecimientos y qué impacto tendrán en el futuro del correísmo y en la confianza pública en el sistema electoral del país.
