La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) enfrenta un desafío financiero significativo debido a un contrato colectivo que no recibió la aprobación adecuada del Ministerio de Finanzas. Este contrato, firmado en mayo de 2021, ha generado un pasivo acumulado de USD 560 millones, lo que plantea serias preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera de la empresa pública. La Contraloría General del Estado ha llevado a cabo un examen exhaustivo de este contrato, así como de otros contratos colectivos de empresas públicas como Celec, CNT y Petroecuador, revelando irregularidades que podrían tener repercusiones graves en las finanzas del Estado.
El examen de la Contraloría se centró en las Unidades de Negocio de Santo Domingo, Manabí y Sucumbíos, y abarcó el periodo desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de agosto de 2024. Durante este tiempo, se analizaron desembolsos por beneficios a trabajadores, pensiones jubilares e indemnizaciones. La falta de un dictamen presupuestario del Ministerio de Finanzas sobre los beneficios del contrato ha sido un punto crítico, ya que esto ha llevado a CNEL a acumular un pasivo que crece cada año.
### Irregularidades en el Proceso de Contratación
La Contraloría ha señalado que el contrato colectivo incluía pagos retroactivos a partir de 2018, lo que complicó aún más la situación financiera de CNEL. A pesar de que el contrato fue aprobado por un Tribunal de Conciliación y Arbitraje, la ausencia de la aprobación del Ministerio de Finanzas ha resultado en un incumplimiento de las obligaciones contractuales. Esto ha llevado a la empresa a enfrentar un pasivo que, según el Estado de Situación Financiera, alcanzaba los USD 560,7 millones al 31 de agosto de 2024.
Además, se han identificado irregularidades en los pagos de indemnizaciones por jubilación patronal y retiros voluntarios. En particular, las Unidades de Negocio de Manabí y Sucumbíos realizaron pagos que excedieron los límites establecidos, lo que resultó en un pago en exceso de USD 201.470 a 13 trabajadores. La Contraloría ha recomendado una revisión de las fórmulas de cálculo utilizadas para estos desembolsos, sugiriendo que se realicen ajustes para recuperar los valores pagados en exceso.
La situación se complica aún más al considerar que CNEL no es la única empresa pública que enfrenta problemas similares. La Contraloría también ha examinado a Celec y CNT, encontrando irregularidades en la concesión de permisos a dirigentes sindicales y en la gestión de indemnizaciones. En el caso de Celec, se identificaron pagos de indemnizaciones por despido intempestivo que superaron lo permitido por la normativa, lo que ha llevado a la recomendación de una revisión exhaustiva de los procesos de gestión de recursos humanos.
### Recomendaciones para la Sostenibilidad Financiera
La Contraloría ha instado a CNEL a formar una comisión técnica que analice el registro del pasivo acumulado y determine los ajustes necesarios para garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa. Esto incluye la posibilidad de establecer acuerdos con los trabajadores sobre los beneficios sociales que les corresponden, así como la necesidad de evitar el incremento anual de las deudas.
Además, se ha recomendado que se realice una depuración de las fórmulas de cálculo utilizadas en los desembolsos por liquidación, para asegurar que se cumpla con la normativa y se eviten futuros pagos en exceso. La falta de supervisión y control en la gestión de recursos humanos ha sido un tema recurrente en los informes de la Contraloría, lo que subraya la necesidad de implementar medidas más estrictas para garantizar la transparencia y la legalidad en los procesos de contratación y pago.
La situación de CNEL es un claro ejemplo de cómo la falta de cumplimiento normativo y la ausencia de controles adecuados pueden llevar a una empresa pública a enfrentar problemas financieros graves. La Contraloría ha dejado claro que es fundamental que las empresas públicas actúen con responsabilidad y transparencia, no solo para proteger sus propias finanzas, sino también para salvaguardar los intereses del Estado y de los ciudadanos que dependen de sus servicios.
