Ecuador se encuentra en una encrucijada crítica en su sistema judicial, ya que el proceso para seleccionar un nuevo Fiscal General del Estado ha enfrentado múltiples retrasos y complicaciones. A medida que se acerca el final de noviembre de 2025, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aún no ha logrado conformar la Comisión Ciudadana de Selección, un paso esencial para iniciar formalmente el concurso de méritos y oposición. Este retraso ha generado incertidumbre y preocupación en la ciudadanía, que espera una pronta resolución a la vacante que dejó Diana Salazar en abril de 2025.
La situación actual es preocupante, ya que el país debería haber tenido un nuevo Fiscal General en funciones desde hace meses. Sin embargo, el proceso ha estado estancado en etapas preliminares, lo que ha llevado a una inestabilidad administrativa en la Fiscalía General. Tras la salida de Salazar, Wilson Toainga asumió como subrogante, pero también presentó su dimisión, dejando el cargo en manos de Carlos Leonardo Alarcón, quien actúa como Fiscal subrogante. Esta cadena de cambios ha obligado al Consejo de la Judicatura a buscar un nuevo reemplazo, lo que complica aún más la situación.
### La Conformación de la Comisión Ciudadana de Selección
El corazón del proceso de selección radica en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, que es la encargada de llevar a cabo el concurso para elegir al nuevo Fiscal General. Actualmente, el CPCCS está registrando a 38 abogados que han pasado la fase de verificación de requisitos y méritos. Estos postulantes, provenientes de la ciudadanía, están en la etapa de solicitar reconsideraciones a sus puntajes, lo que ha añadido más tiempo al proceso.
Una vez que se resuelva esta fase, el Pleno del CPCCS emitirá un listado definitivo con las 30 personas mejor puntuadas. Es importante destacar que la norma exige paridad de género en la lista final, lo que significa que debe estar compuesta por 15 hombres y 15 mujeres. De este grupo, se realizará un sorteo público para seleccionar a los cinco representantes principales y cinco suplentes de la ciudadanía. Además, la Comisión se completará con cinco delegados de las Funciones del Estado, quienes ya han sido designados tras superar su propio proceso de verificación.
Un análisis de los perfiles de los 38 aspirantes revela que la mayoría proviene de contextos técnicos y académicos, con un número significativo de ellos sin experiencia previa en la función pública. Esto podría ser un indicativo de un cambio en la dirección de la Fiscalía, alejándose de figuras políticas tradicionales hacia un enfoque más técnico y profesional.
### Desafíos y Expectativas en la Fiscalía General
Mientras el proceso de selección avanza lentamente, la Fiscalía General enfrenta una carga procesal crítica bajo el mando de Carlos Leonardo Alarcón. Desde su nombramiento como reemplazo temporal de Wilson Toainga, Alarcón ha tenido que gestionar casos emblemáticos de corrupción y crimen organizado, lo que ha puesto a prueba su capacidad de liderazgo en un momento de gran incertidumbre.
Uno de los casos más destacados que debe manejar es el Caso Metástasis, que ha sido considerado como un pilar fundamental de la gestión de Diana Salazar. A pesar de que ya hay 20 sentenciados, la Fiscalía aún está lidiando con apelaciones y debe preparar juicios contra prófugos involucrados en este caso. Además, Alarcón tiene la responsabilidad de impulsar otros casos de gran relevancia, como el Caso Purga, que ha revelado corrupción en el sistema judicial del Guayas, y el Caso Sinohydro, que involucra al expresidente Lenín Moreno.
La situación actual de la Fiscalía es un reflejo de la inestabilidad que ha caracterizado a la institución en los últimos meses. La falta de un Fiscal General titular ha generado un vacío de poder que podría tener repercusiones en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el país. Con la designación del nuevo Fiscal General aún en el horizonte, la ciudadanía se pregunta cuándo se podrá restablecer la normalidad en la Fiscalía y si el nuevo liderazgo será capaz de enfrentar los desafíos que se avecinan.
El CPCCS ha indicado que, si se cumplen los plazos estipulados, la designación del nuevo Fiscal General podría concretarse en abril de 2026. Sin embargo, este plazo está en duda, ya que el proceso de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección aún no ha comenzado. La incertidumbre persiste, y la ciudadanía espera que se tomen decisiones rápidas y efectivas para garantizar la estabilidad y la integridad del sistema judicial en Ecuador.
