El Gobierno de Ecuador ha presentado su proforma presupuestaria para el año 2026, revelando un recorte significativo del 10% en la inversión pública. Este ajuste, que representa una disminución de USD 241 millones respecto al presupuesto de 2025, ha generado preocupación entre economistas y ciudadanos, quienes ven en esta medida una limitación para el desarrollo de infraestructura y servicios públicos esenciales.
### Contexto de la Inversión Pública en Ecuador
El Plan Anual de Inversiones (PAI) es un componente clave del gasto estatal, que incluye proyectos de infraestructura y obras públicas. Sin embargo, el nuevo presupuesto propuesto por el presidente Daniel Noboa plantea un gasto total de USD 2.181 millones para el PAI, lo que ha suscitado críticas sobre la capacidad del gobierno para financiar proyectos vitales en un contexto de restricciones económicas.
Freddy García, economista de la firma Andersen Ecuador, ha señalado que la reducción en la inversión se debe a la falta de ingresos suficientes para cubrir los proyectos planificados. La mayor parte del presupuesto se destina a gastos que no pueden ser recortados, como los salarios de los funcionarios públicos, lo que deja solo un 6% del total para el PAI. Esta situación plantea un dilema para el gobierno, que debe equilibrar el gasto en salarios con la necesidad de invertir en infraestructura.
A pesar de la disminución en la inversión, el PAI incluye proyectos significativos, como la construcción del Quinto Puente en Guayaquil, que busca mejorar la conectividad en la región. Sin embargo, la ejecución de estos proyectos ha sido históricamente baja, con un promedio de solo 75% de ejecución entre 2020 y 2024. En 2023, la ejecución fue aún más baja, lo que plantea dudas sobre la capacidad del gobierno para llevar a cabo los proyectos propuestos.
### Proyectos Destacados y Desafíos en la Ejecución
Dentro del PAI, el Ministerio de Infraestructura y Transporte es el que recibe el mayor presupuesto, con USD 407 millones asignados para 2026, lo que representa un incremento del 17% en comparación con 2025. Este ministerio es responsable de la mayoría de los proyectos de obra pública física, y entre los más destacados se encuentra el programa «Creamos Vivienda», que cuenta con una asignación de USD 58 millones para la construcción de viviendas y bonos habitacionales.
Otro proyecto relevante es el Quinto Puente en Guayaquil, que tiene una asignación de USD 33 millones. Este puente es crucial para el transporte pesado y la conexión con las terminales portuarias, lo que podría tener un impacto positivo en la economía local. Además, se destinarán USD 30,7 millones para la construcción del Mercado Municipal de Calceta en el cantón Bolívar, Manabí.
Sin embargo, no todos los proyectos en el PAI son de infraestructura física. Un aspecto preocupante es que el gobierno ha asignado USD 230 millones para el Proyecto de Gestión del Subsistema de Empleo en el Servicio Público, que se destinará a la desvinculación de funcionarios públicos. Este programa, que representa aproximadamente el 10% del PAI, ha generado controversia, ya que se considera que los recursos deberían destinarse a proyectos que beneficien directamente a la población.
La baja ejecución de los recursos asignados es un desafío persistente. En 2025, de los USD 2.423 millones asignados al PAI, solo se había utilizado el 46% hasta octubre. Aunque se espera que la ejecución se acelere en los últimos meses del año, es poco probable que se alcance el 80% de ejecución antes de diciembre, según García. Esta ineficiencia en la ejecución de proyectos plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno para gestionar adecuadamente los recursos públicos.
La situación en el sector salud también es preocupante, ya que enfrenta una crisis por la falta de insumos y medicamentos. El Ministerio de Salud es el cuarto con más presupuesto en el PAI, con proyectos como «Ecuador Libre de Desnutrición Infantil», que recibe USD 43 millones. Sin embargo, la falta de recursos y la baja ejecución podrían agravar aún más la crisis en este sector.
En resumen, el recorte en la inversión pública para 2026 plantea serios desafíos para el desarrollo de infraestructura y servicios en Ecuador. La capacidad del gobierno para ejecutar proyectos de manera eficiente y priorizar el gasto en áreas críticas será fundamental para enfrentar las necesidades de la población y fomentar el crecimiento económico en el país.
