El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha dado un paso significativo en la regulación de las fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG) al expedir el decreto 191, que establece el reglamento de la Ley de Transparencia Social. Esta ley, que entró en vigor en agosto de 2025, busca prevenir y detectar flujos económicos ilícitos que podrían estar asociados con estas organizaciones. La iniciativa ha generado un amplio debate en la sociedad civil, que ha expresado preocupaciones sobre su implementación y posibles efectos.
### Contexto de la Ley de Transparencia Social
La Ley de Transparencia Social, anteriormente conocida como Ley de Fundaciones, fue presentada por el presidente Noboa como parte de un paquete de reformas económicas urgentes. Durante su presentación, Noboa argumentó que la regulación anterior permitía la creación de un entorno propicio para actividades ilícitas, como el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal. Según el presidente, era necesario establecer un marco legal más robusto para asegurar que los recursos destinados al bienestar social no se desvíen hacia actividades ilegales.
El nuevo reglamento, que consta de 58 páginas, introduce una serie de obligaciones para las organizaciones sociales sin fines de lucro (OSSFL), que incluyen fundaciones, corporaciones y ONG. Estas organizaciones, tanto nacionales como extranjeras, deberán cumplir con requisitos específicos para operar legalmente en el país. Uno de los aspectos más destacados del reglamento es la derogación del anterior Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, que había estado en vigor desde 2017.
### Obligaciones y Sanciones para las Organizaciones Sociales
El decreto 191 establece que las OSSFL deben cumplir con una serie de obligaciones que buscan garantizar la transparencia y la legalidad en sus operaciones. Por ejemplo, se prohíbe a estas organizaciones invertir, directa o indirectamente, en actividades que puedan obstaculizar proyectos mineros legalmente autorizados. Esta disposición refleja la intención del gobierno de proteger la inversión en el sector minero, que es crucial para la economía del país.
Además, el reglamento otorga a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria la autoridad para suspender la personería jurídica de una OSSFL por un período de cuatro años si se determina que ha incumplido con las regulaciones establecidas. Esta medida busca asegurar que las organizaciones operen dentro del marco legal y no se involucren en actividades que puedan comprometer la integridad del sistema financiero del país.
Otro aspecto relevante del reglamento es la obligación de las OSSFL de denunciar cualquier actividad relacionada con la minería ilegal. Esto incluye la obligación de reportar cualquier conocimiento o indicio fundado sobre actividades ilegales, así como posibles vínculos de donantes, socios o beneficiarios con estas actividades. Esta disposición tiene como objetivo identificar y mitigar los riesgos asociados con el financiamiento del crimen organizado, el lavado de activos y la corrupción.
### Reacciones y Críticas a la Nueva Ley
La implementación de la Ley de Transparencia Social ha suscitado reacciones mixtas en la sociedad ecuatoriana. Por un lado, algunos sectores apoyan la iniciativa, argumentando que es un paso necesario para garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos y privados. Sin embargo, otros críticos han expresado su preocupación por el potencial abuso de poder que podría surgir de la aplicación de estas regulaciones.
Organizaciones de la sociedad civil han manifestado que la ley podría limitar la capacidad de las fundaciones y ONG para operar de manera efectiva, especialmente aquellas que trabajan en áreas sensibles como derechos humanos, medio ambiente y asistencia social. Temen que la carga administrativa y las sanciones severas puedan desincentivar la participación ciudadana y la colaboración entre el gobierno y las organizaciones no gubernamentales.
Además, hay inquietudes sobre cómo se aplicarán las disposiciones relacionadas con la minería y la denuncia de actividades ilegales. Algunos críticos argumentan que esto podría llevar a una mayor criminalización de las organizaciones que trabajan en áreas donde la minería ilegal es un problema significativo.
En resumen, el decreto 191 y la Ley de Transparencia Social representan un esfuerzo del gobierno ecuatoriano por regular las actividades de las fundaciones y ONG, buscando prevenir el uso indebido de recursos y promover la transparencia. Sin embargo, la implementación de estas regulaciones deberá ser monitoreada de cerca para asegurar que no se conviertan en un obstáculo para el trabajo vital que realizan muchas organizaciones en el país.
