El reciente asesinato del juez Marcos Mendoza en Manta ha encendido alarmas sobre la seguridad de los operadores de justicia en Ecuador. Este trágico suceso, ocurrido el 16 de octubre de 2025, ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a emitir un comunicado condenando el ataque y solicitando medidas urgentes para proteger a quienes ejercen la justicia en el país. Mendoza, quien se encontraba fuera de una unidad educativa dejando a su hijo en el colegio, fue acribillado a tiros, un acto que refleja la creciente violencia que enfrenta el sistema judicial ecuatoriano.
La CIDH, en su pronunciamiento, destacó que este crimen se suma a una serie de atentados contra operadores de justicia, lo que pone en riesgo la independencia de la Función Judicial. En su comunicado, la CIDH instó al Estado ecuatoriano a reforzar la protección de los jueces y a investigar a fondo los crímenes cometidos contra ellos. La organización enfatizó que es responsabilidad del Estado garantizar un entorno seguro para quienes imparte justicia, libre de amenazas y hostigamientos.
### Contexto del asesinato de Marcos Mendoza
El juez Marcos Mendoza había estado en el centro de atención pública desde junio de 2025, cuando fue mencionado por el ministro del Interior en relación con el caso ‘Blanqueo Fito’, que involucra a un conocido líder del crimen organizado. Este caso ha sido uno de los más notorios en el país, y la implicación de Mendoza en él podría haberlo convertido en un blanco para grupos delictivos. La Asociación de Magistrados y Jueces de Ecuador ha señalado que la violencia contra los jueces es un reflejo de la vulnerabilidad en la que se encuentran, trabajando bajo constantes presiones y amenazas.
La situación de los jueces en Ecuador es alarmante. Según el gremio, muchos magistrados enfrentan riesgos significativos que les impiden ejercer su labor con la independencia y la seguridad que deberían tener. La CIDH ha reiterado que los Estados tienen la obligación de asegurar la independencia de los operadores de justicia y protegerlos de cualquier forma de violencia.
### Reacciones y medidas propuestas
La reacción al asesinato de Mendoza ha sido contundente. La CIDH ha hecho un llamado urgente al gobierno ecuatoriano para que tome medidas efectivas que garanticen la seguridad de los jueces y otros operadores de justicia. Esto incluye no solo la protección física, sino también la creación de un ambiente donde puedan trabajar sin temor a represalias. La CIDH ha instado a las autoridades a investigar y sancionar a los responsables de este y otros crímenes similares, subrayando que la impunidad solo alimenta la violencia.
El caso de Mendoza ha puesto de manifiesto la necesidad de un diálogo más amplio sobre la seguridad en el país. La CIDH ha señalado que es fundamental que el Estado ecuatoriano tome en serio las advertencias sobre la violencia sistemática contra los operadores de justicia y actúe en consecuencia. Esto no solo es crucial para la seguridad de los jueces, sino también para la confianza del público en el sistema judicial.
La comunidad internacional también ha expresado su preocupación por la situación en Ecuador. Organizaciones de derechos humanos han instado al gobierno a implementar reformas que fortalezcan la seguridad de los operadores de justicia y a abordar las causas subyacentes de la violencia en el país. La CIDH ha recordado que la protección de los jueces es esencial para garantizar el respeto por el estado de derecho y la justicia en Ecuador.
El asesinato de Marcos Mendoza es un recordatorio sombrío de los desafíos que enfrenta el sistema judicial ecuatoriano. La violencia contra los jueces no solo afecta a quienes trabajan en el sistema, sino que también socava la confianza del público en la justicia. La CIDH ha hecho un llamado a la acción, instando al gobierno a tomar medidas decisivas para proteger a quienes se dedican a impartir justicia y a garantizar que puedan hacerlo sin temor a represalias. La seguridad de los operadores de justicia es un pilar fundamental para el funcionamiento de cualquier democracia, y su protección debe ser una prioridad para el Estado ecuatoriano.
