En el corazón de Guayaquil, un ingeniero civil de 83 años ha desatado un conflicto legal que pone de manifiesto las complicaciones que pueden surgir en la gestión de registros de propiedad. José Eduardo L. F. ha presentado un recurso de habeas data ante el municipio, exigiendo que se restituya su nombre en el registro catastral de un edificio que posee desde 1996. Este caso no solo resalta la importancia de la correcta administración de los registros de propiedad, sino también los derechos de los ciudadanos frente a posibles irregularidades administrativas.
La historia comienza el 25 de junio de 1996, cuando José Eduardo inscribió una escritura pública en el Registro de la Propiedad de Guayaquil. Desde entonces, ha cumplido con sus obligaciones fiscales, pagando puntualmente los impuestos prediales correspondientes a su inmueble, que alberga oficinas y departamentos en el centro de la ciudad. Sin embargo, en 2011, un error administrativo llevó a la eliminación de su nombre de los registros catastrales, un hecho que ha desencadenado una serie de complicaciones.
### La Eliminación del Nombre del Registro
Según el relato de José Eduardo, tras la eliminación de su nombre, el municipio emitió dos registros catastrales: uno para el terreno, que fue asignado a los herederos de un hermano, y otro para la construcción, que permaneció a su nombre. A pesar de esta confusión, continuó pagando los impuestos prediales hasta el año 2024, recibiendo los recibos correspondientes a su nombre. Sin embargo, al intentar realizar el pago de los impuestos en 2025, se encontró con la sorprendente noticia de que su nombre había sido eliminado del registro.
El ingeniero civil ha intentado obtener respuestas del municipio sobre esta situación, pero se ha enfrentado a la negativa de los funcionarios, quienes alegan que la información sobre el registro es «reservada». Esta falta de transparencia ha llevado a José Eduardo a presentar un reclamo formal, argumentando que su derecho a acceder a la información sobre su propiedad ha sido vulnerado. En su demanda, destaca que no ha recibido ninguna explicación fundamentada sobre la eliminación de su nombre del registro catastral, lo que le impide cumplir con sus obligaciones fiscales.
### La Respuesta Judicial
El caso ha sido admitido por la Unidad Judicial Civil de Guayaquil, donde se ha convocado a una audiencia pública para el 20 de octubre. La jueza María Isabel Valdiviezo, encargada del caso, ha ordenado que se cite al procurador síndico del municipio y al director de Urbanismo, Movilidad, Catastro y Edificaciones. Esta decisión es un paso importante hacia la resolución del conflicto, ya que permitirá que las partes involucradas expongan sus argumentos y se busque una solución justa.
La situación de José Eduardo no es un caso aislado. Muchos ciudadanos enfrentan problemas similares con la administración de sus propiedades, lo que pone de relieve la necesidad de una mayor transparencia y eficiencia en los procesos administrativos del municipio. La falta de comunicación y la opacidad en la gestión de registros pueden llevar a situaciones de injusticia, como la que está viviendo este ingeniero civil.
El derecho a la propiedad es fundamental en cualquier sociedad, y es responsabilidad de las autoridades garantizar que los ciudadanos puedan ejercer este derecho sin obstáculos. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante para otros contribuyentes que se encuentren en situaciones similares, subrayando la importancia de la correcta administración de los registros de propiedad y la necesidad de proteger los derechos de los ciudadanos.
Mientras tanto, José Eduardo continúa esperando respuestas del municipio y la resolución de su situación. Su caso es un recordatorio de que la administración pública debe ser accesible y responsable, y que los ciudadanos tienen el derecho de exigir claridad y justicia en la gestión de sus bienes.
