El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha tomado una decisión significativa que podría cambiar el panorama político en Ecuador. El juez Patricio Maldonado, en una resolución emitida el 17 de octubre de 2027, ha reducido drásticamente la sanción política impuesta a los exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Eduardo Franco Loor y Augusto Verduga. Esta decisión no solo afecta a los involucrados, sino que también tiene repercusiones en el contexto electoral del país.
### Contexto de la Sanción
La sanción original, que inhabilitaba a Franco Loor y Verduga por un período de cuatro años, se basaba en su vinculación con el movimiento Revolución Ciudadana y en la prohibición de realizar proselitismo político durante sus candidaturas al CPCCS. Esta inhabilitación estaba programada para finalizar en 2029, lo que significaba que ambos exconsejeros no podrían participar en elecciones ni ejercer derechos políticos hasta esa fecha.
Sin embargo, la reciente decisión del juez Maldonado ha cambiado el escenario. Aplicando el principio de favorabilidad, la inhabilitación se ha reducido a un año, lo que permite a Loor y Verduga recuperar sus derechos políticos entre el 7 de febrero de 2025 y el 7 de febrero de 2026. Esto significa que, si las condiciones lo permiten, podrían presentarse como candidatos en las próximas elecciones, incluyendo una posible Asamblea Constituyente.
### Implicaciones para el Futuro Político
La reducción de la sanción abre la puerta a que ambos exconsejeros participen activamente en el proceso electoral que se avecina. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha previsto que las inscripciones para candidaturas se realicen en febrero de 2026, en caso de que el ‘Sí’ prevalezca en la consulta popular programada para el 16 de noviembre de 2025. Esto podría permitir a Loor y Verduga no solo participar en la Asamblea Constituyente, sino también en las elecciones generales que se llevarán a cabo en el mismo año, cuyas inscripciones están programadas para agosto y septiembre.
Sin embargo, a pesar de la reducción de la sanción política, la situación penal de los exconsejeros sigue siendo complicada. La Fiscalía General del Estado continúa investigando el caso Liga Azul, que involucra a Loor, Verduga, Yadira Saltos y la actual consejera de Participación Ciudadana, Nicole Bonifaz. Este caso se centra en una presunta asociación ilícita, lo que podría tener repercusiones adicionales en la carrera política de los exconsejeros.
La decisión del TCE también plantea preguntas sobre el futuro de la política en Ecuador. La posibilidad de que figuras vinculadas a movimientos políticos controversiales como la Revolución Ciudadana puedan volver a ocupar cargos públicos genera un debate sobre la ética y la transparencia en el sistema electoral. La recuperación de derechos políticos por parte de Loor y Verduga podría ser vista como un indicativo de que el sistema permite la reintegración de actores políticos que han estado bajo la lupa de la justicia.
### Reacciones y Opiniones
La decisión del juez Maldonado ha suscitado diversas reacciones en el ámbito político y social. Algunos sectores ven con buenos ojos la posibilidad de que exconsejeros con experiencia puedan participar nuevamente en la política, argumentando que su conocimiento y trayectoria pueden ser beneficiosos para el país. Por otro lado, hay quienes critican la decisión, señalando que la reducción de la sanción podría enviar un mensaje equivocado sobre la impunidad y la falta de consecuencias para aquellos involucrados en actos de corrupción o irregularidades.
La situación también pone de relieve la importancia de la independencia del poder judicial y la necesidad de que las decisiones se tomen en función de la ley y no de presiones políticas. La transparencia en el proceso electoral y la confianza en las instituciones son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia en Ecuador.
A medida que se acercan las elecciones, será crucial observar cómo se desarrollan los acontecimientos en torno a la participación de Loor y Verduga, así como las implicaciones que esto tendrá en el panorama político del país. La interacción entre la justicia, la política y la opinión pública será determinante para el futuro de la gobernanza en Ecuador.
