El sistema portuario de Ecuador se encuentra en el centro de un debate legal que podría redefinir la estructura de gestión de los puertos en el país. La Corte Constitucional ha admitido a trámite una demanda de inconstitucionalidad presentada por Contecon, la concesionaria del Puerto Marítimo Simón Bolívar de Guayaquil, contra la Ley General de Puertos de 1976. Este caso no solo involucra a Contecon, sino que también enfrenta a la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador (Asotep), lo que ha generado un intenso debate sobre la legalidad y la eficacia del marco jurídico que regula las operaciones portuarias en el país.
La demanda de Contecon se basa en la premisa de que las normativas vigentes, que datan de 1976, no se alinean con los principios establecidos en la Constitución de 2008. Según Contecon, la ley actual permite la operación de terminales privados sin la debida delegación del Estado, lo que ha llevado a una competencia desleal y a una caída significativa en la carga manejada por el puerto de Guayaquil. En este contexto, se argumenta que el Estado ha dejado de percibir ingresos significativos, estimados en USD 93,8 millones, debido a esta situación.
### La Posición de Contecon: Argumentos a Favor de la Inconstitucionalidad
Contecon sostiene que la Ley General de Puertos y su reglamento infringen varios artículos de la Constitución, que establece que la provisión de servicios públicos es responsabilidad del Estado. La empresa argumenta que, aunque el Estado puede delegar la gestión a la iniciativa privada, esto debe hacerse de manera excepcional y bajo un marco legal claro. La falta de una ley actualizada que regule la actividad portuaria ha permitido que se perpetúe un sistema que no cumple con los requisitos constitucionales.
Uno de los puntos centrales de la demanda es que las infraestructuras portuarias deben ser consideradas un servicio público, cuya gestión no puede ser delegada sin un marco legal adecuado. Contecon argumenta que las disposiciones actuales permiten que los terminales privados operen bajo autorizaciones administrativas, lo que contradice el principio de excepcionalidad que debe regir la participación privada en servicios públicos. Esta situación, según Contecon, no solo afecta la competencia en el sector, sino que también pone en riesgo la seguridad jurídica de los contratos existentes.
### La Respuesta de los Terminales Privados: Defensa del Modelo Actual
Por otro lado, la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador (Asotep) ha presentado su defensa ante la Corte, argumentando que las normas impugnadas son fundamentales para el modelo de gestión portuaria que ha permitido la inversión y la competencia en el sector. Asotep sostiene que la demanda de Contecon podría tener efectos negativos en la seguridad jurídica de los contratos de concesión y autorización vigentes, exponiendo al Estado a posibles responsabilidades patrimoniales.
La asociación argumenta que la confusión entre la titularidad estatal de la infraestructura portuaria y la participación privada en la prestación de servicios ha llevado a Contecon a solicitar la inconstitucionalidad de un marco normativo que ha sido legal y funcional durante décadas. Asotep defiende que las normas actuales establecen un equilibrio entre el control estatal y la participación privada, lo que ha fomentado un entorno de libre competencia.
Además, Asotep señala que la actividad portuaria en Ecuador está regulada por un conjunto normativo amplio que incluye requisitos para la presentación de iniciativas privadas, políticas tarifarias y normas técnicas ambientales. Por lo tanto, argumentan que la demanda de Contecon no solo es infundada, sino que también podría desestabilizar un sistema que ha funcionado adecuadamente.
### El Futuro del Régimen Portuario en Ecuador
La Corte Constitucional ha decidido avanzar en el análisis de la demanda, lo que significa que el debate sobre la constitucionalidad del régimen portuario ecuatoriano está lejos de concluir. La decisión de admitir la demanda no implica un juicio sobre su fondo, pero sí abre la puerta a un proceso que podría tener implicaciones significativas para el futuro de la gestión portuaria en el país.
El proceso judicial continuará con la fase de sustanciación, donde se espera que la Asamblea, la Presidencia de la República y la Procuraduría del Estado intervengan en la defensa de las normas impugnadas. La participación de diversos actores, incluidos gremios y asociaciones, como amicus curiae, también enriquecerá el debate.
Este caso es un claro ejemplo de cómo las leyes y regulaciones pueden impactar en sectores estratégicos de la economía, y cómo la interpretación de la Constitución puede ser crucial para definir el futuro de la infraestructura y los servicios públicos en Ecuador. A medida que avanza el proceso, el sector portuario estará atento a las decisiones de la Corte, que podrían cambiar el panorama de la gestión portuaria en el país.
